La propuesta fue presentada por cinco senadoras del Frente de Todos
La propuesta fue presentada por cinco senadoras del Frente de Todos
Un grupo de senadoras del Frente de Todos presentaron un proyecto para eliminar la prisión preventiva en los casos de corrupción, limitar la actividad de los medios de comunicación y de los colegios profesionales, entre otras instituciones. El mismo está firmado por María Catalfamo, Ana Ianni, Nancy González, Ana Almirón y María Inés Pilatti Vergara.
La iniciativa de las legisladoras califica los procesos que se dan en estos casos como «verdaderos linchamientos mediáticos». Además, manifiesta que las publicaciones que «pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado» son motivo suficiente para anular la preventiva. El proyecto fue presentado 10 días después de la asunción de Alberto Fernández y girado a fines de enero hacia la comisión de Justicia y Asuntos Penales para su discusión.
El artículo 7 del proyecto, se refiere a la aplicación del proyecto de ley a los delitos de corrupción, tipificados como delitos contra la administración pública. «En los últimos años en Argentina hemos sido testigos de las manipulaciones de un sector del Poder Judicial y algunos operadores mediáticos, en relación con causas penales relevantes con el objetivo de obtener resultados políticos, lo que ha transformado a los respectivos procesos judiciales en auténticos linchamientos públicos», señala.
En esa misma línea, aclara: «Ello se verifica con el dictado de medidas judiciales que privaron de libertad a varios ciudadanos argentinos, como referentes sociales, sindicales y políticos, mediante la utilización del Poder Judicial, un poder del Estado independiente conforme la Constitución, para fines políticos, afectando inclusive la posibilidad de ciertos candidatos de presentarse a elecciones».
En el escrito, hacen alusión al rol del periodismo y cuestionan la «amplia cobertura de los medios de comunicación masivos y concentrados que procuran manipular la opinión pública al magnificar algunos casos e invisibilizar o minimizar otros».
Por último, establece: «Muchos referentes con amplia representación y legitimidad en nuestro país están sometidos a proceso, acusados de una gran variedad de figuras penales. Los procesos abiertos son suficientes para afectar la organización y la movilización de diferentes colectivos sociales; tanto de los que están directamente involucrados en las causas, como de aquellos que se ven intimidados por este accionar judicial».