Por José Luis Juárez
Por José Luis Juárez – Comisario general (RE) y periodista
En diciembre de 2019, cuando asumió la nueva gestión de gobierno en Santa Fe, el gobernador Omar Perotti nombró a Marcelo Saín a cargo del Ministerio de Seguridad. Además, se designó a Víctor Sarnaglia en la jefatura de provincia y al ascendido por decreto extraordinario Martín Musurana como subjefe. Con estas modificaciones, se produjo lo natural: mil efectivos, entre oficiales superiores, jefes, subalteros y suboficiales, fueron pasados a retiro. Es decir, a todos aquellos que contaban con los treinta años de aporte los retiraron.
¿Qué pasó? Mil policías menos. Por los que ingresaron, de forma tardía en los primeros meses de 2020, 480 suboficiales egresados del Isep. Se fueron 1.000, entraron 480; 500 integrantes menos de las fuerzas para todas las tareas que se deben cumplir. De los ingresados, la mayor parte fue destinada a Santa Fe y Rosario, a la Policía Comunitaria y a la Policía de Acción Táctica.
Sin embargo, la cantidad de personal no es el único inconveniente. De estos nuevos efectivos, al menos 150 no tienen chaleco. Los que están en existencia están vencidos y no los pueden largar a la calle para reforzar recorridas o patrullajes. Entonces, se encuentran haciendo tareas administrativas y de fajina, dentro de cada unidad policial.
Actualmente, estas unidades trabajan con lo que se llama “el chaleco caliente”, es decir, se lo saca uno y se lo pone otro. Parece increíble, pero los oficiales que salen a la calle a trabajar en la seguridad pública de los ciudadanos deben compartir los chalecos antibalas. Se lo saca el que sale, se lo pone el que entra.
Por otra parte, hubo algunas situaciones en relación a la reforma de la ex Policía de Investigaciones (PDI), que se convirtió en la Agencia de Investigación Criminal, con el ex comisario Bertolotti a cargo, ascendido por decreto extraordinario; y la ex Asuntos Internos, hoy Agencia de Control Policial. En esta última, quedó a cargo la comisario Olivieri, que era subcomisario y fue ascendida a subdirectora, pasando cuatro jerarquías por un decreto extraordinario. Lo que ocurrió con las nuevas autoridades fue que al hacerse cargo de las dependencias, relevaron todos los oficiales jefes de las distintas unidades, dentro de cada dirección general.
En este sentido, todos fueron relevados por otros jefes que ellos mismos trajeron de la Unidad Regional II, de las comisarías fundamentalmente. Entonces se produjo un gran vacío. Las que más quedaron resentidas fueron las comisarías: se llevaron 500 efectivos a estas dos unidades y solamente devolvieron 140. Es decir, no hubo un relevo uno a uno, sino tres a uno. En tal sentido, esos 140 que volvieron para ocupar los lugares de 500, no todos quisieron trabajar y otros pidieron licencia médica. Eso fue un gran problema para los recientes designados jefes de la Unidad Regional II, porque no podían armar las comisarías, como la 12ª o la 23ª en Funes, en las que directamente se llevaron del jefe al último vigilante. Nadie quería hacerse cargo de la titularidad de la comisaría, entonces hubo grandes problemas. Inclusive hubo destacamentos, como el del hipódromo, que debieron ser cerrados porque no había policía para que estuviera ahí.
Las comisarías desmanteladas son un gran tema, pero otro tema clave para analizar la gravedad de la situación es que hoy, la fuerza policial que sale en calle también es escasa. Hay 55 custodias fijas, que corresponden a domicilios baleados por ataques sicarios, custodia de jueces, fiscales, políticos y demás. Eso quita respuesta y capacidad policial para trabajar en la calle. Por eso, muchas noches para zona extensas de la ciudad de Rosario, como la sur o la norte, hay sólo dos o tres patrulleros. En tal sentido, la respuesta a veces es nula, se acumulan las incidencias en el 911.
A veces un mismo patrullero tiene cinco o seis incidencias para contestar y obviamente se elige la más prioritaria. Hay muchos lugares a los que no llegan a ir. Por eso, muchas veces la gente dice “llamé al 911 y no vino nadie”. Ese gran problema es el que atraviesa hoy la policía, principalmente la jefatura de policía y, fundamentalmente, la Unidad Regional II.
¿Cuál sería la solución? En principio, cortar con los retiros. Hacer un impasse de cinco años. Que se retiren de forma voluntaria y, obviamente, modificar el sistema de ascensos policiales. Hoy se hace por promociones policiales. Habría que hacerlo mediante un sistema de concurso y con una vacante por cargo. Así, se anotarían quienes lo quieran ocupar y luego de seleccionarlos, se produciría el ascenso. Mientras tanto, y con un impasse de esa forma, en pocos años se duplicaría la planta del personal, que hoy está muy resentida.