Por Dr. Raúl Muda (*)
La Ley de Electrodependientes, promulgada en mayo del año pasado, beneficia con un tratamiento tarifario especial gratuito a los pacientes de todo el país, que «requieran de un suministro eléctrico constante y en niveles de tensión eléctrica adecuados para poder alimentar el equipamiento médico prescripto por un médico matriculado, y que resulte necesario para evitar riesgos en su vida o su salud».
Ahora bien, falta aún que todas las provincias adhieran a la ley y la implementen. El Poder Ejecutivo de cada provincia está encargado de reglamentar y designar la autoridad de aplicación y asignar las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de sus fines. Es indispensable que las provincias homologuen y reglamenten esta Ley Nacional para su aplicación. No todas las provincias avanzaron en este sentido, a un año de reglamentada la ley nacional.
Además miles de pacientes aún aguardan el trámite de inscripción al Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud para alcanzar su derecho. El Ministerio de Salud desde mayo del 2017 interviene en la incorporación al mismo de ciudadanos que cumplen con los parámetros de la norma, y le saca la facultad de definir quiénes serán los beneficiarios a las empresas distribuidoras de energía eléctrica que, desde entonces son las responsables de proveer los grupos electrógenos o el equipamiento adecuado, que garanticen las condiciones del suministro establecidas.
Pero el beneficio de esta ley, no solo alcanza a los pacientes electrodependientes y a su entorno más cercano, sino además al sistema de salud en su conjunto y a toda la población. Esto es tal debido a una cantidad creciente de pacientes que necesitan tratamiento médico complejo, una población que se viene incrementando dado el aumento de la expectativa de vida en los últimos años, lo que impacta directamente en la demanda de camas de internación.
Las estadísticas hablan por sí solas. La expectativa de vida ha venido aumentando en forma progresiva en las últimas 4 décadas en casi todos los países del mundo. Entre el año 2000 y 2015 ha subido un promedio de 5 años. En la Argentina tiene, en la actualidad, un promedio de 76.3 años ocupando el séptimo lugar en Sudamérica. El primer puesto en la región lo tiene Chile con un promedio de 80.5 años.
Tanto en el ámbito público como en el privado, la relación entre la oferta y la demanda de camas para internación es un problema complejo que requiere de intervenciones novedosas. El abordaje domiciliario de diversas problemáticas médicas evitando la hospitalización es una de las principales estrategias que va a ser profundizada durante los próximos años. Pero de nada sirve que acerquemos a la casa del paciente el grupo médico más prestigioso y los equipos tecnológicos más sofisticados si todo se derrumba cuando se corta la luz.
La mayor sobrevida debido al avance de los conocimientos científicos es un logro muy importante y abarca a todas las edades, desde el nacimiento hasta la ancianidad. Como contracara, el número pacientes que padecen secuelas y que necesitan tratamiento médico complejo también se incrementa. Esta situación impacta fuertemente sobre el sistema de salud de una nación y obliga a una urgente adaptación de los recursos para dar respuesta satisfactoria a las necesidades de ésta nueva cohorte de pacientes: niños, adultos y ancianos que tendrán una importante dependencia del sistema sanitario debido a sus secuelas.
Ejemplos paradigmáticos de esta problemática son, entre los adultos, las secuelas de Ataques Cerebro-Vasculares (ACV), de accidentes viales, la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), la Diabetes, la Hipertensión Arterial, Enfermedades Neuromusculares; y entre los niños: el mayor índice de sobrevida de los prematuros extremos, enfermedades congénitas y diversas afecciones neuromusculares que requieren apoyo ventilatorio mecánico, entre otras.
Muchos enfermos que en la actualidad están internados en diferentes instituciones de salud podrían recibir atención personalizada en su propio hogar, con innegable beneficio para él y para toda su familia, aliviando la ocupación hospitalaria y disminuyendo costos sanitarios y personales. Los servicios existentes de internación domiciliaria, tanto público como privados, se ocuparían de proveer todo lo necesario para el tratamiento del enfermo; ya se trate del recurso humano: médicos, enfermeros, kinesiólogos, psicólogos; como del recurso físico: monitores de presión arterial, monitores de frecuencia cardíaca, respiradores, equipos de CIPAP. La «teleasistencia», comunicación audiovisual permanente entre la central del efector de salud y la casa del enfermo, está siendo utilizada con excelentes resultados en algunos países. Está demostrado que el mejor lugar para recuperarse y hacer la rehabilitación es la propia casa del enfermo, con sus cosas, junto a sus afectos.
Cuando las condiciones del paciente y de su entorno lo hacen posible, la permanencia en su hogar y el traslado del equipo de salud a su propio domicilio resultan más económicos que cualquier internación pública o privada tanto para las familias como para el sistema de salud público y privado. Y otro dato no menos significativo es que la internación domiciliaria está incluida dentro del Plan Médico Obligatorio (PMO), con lo cual todas las obras sociales y sistemas prepagos se deben hacer cargo de los costos.
Pero faltan pasos para beneficiarnos todos. La Ley de Electrodependientes constituye un avance importantísimo para niños y adultos con enfermedades crónicas, para sus familias, y debemos tomar conciencia que también lo es para la salud actual y futura de todo el país. Debemos comprender su importancia e instar a las autoridades a cumplir con la normativa y a incorporarla a su legislación local en el caso de las provincias que aún no dieron el paso.
(*) Presidente de la Cámara de Entidades Médicas para la Rehabilitación de las Personas con Discapacidad (CEMARID). Fundador y director de Grupo Medihome.