El presidente de Estados Unidos podrá cerrar el programa de Estatus de Protección Temporal, tras el fallo de hoy de un tribunal de apelaciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podrá cerrar el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que protege a unos 400.000 inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Sudán y Haití de la deportación, tras el fallo de hoy de un tribunal de apelaciones.
En una decisión de dos votos contra uno, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó el recurso de amparo emitido en 2018 por el juez de primera instancia Edward Chen para proteger de futuras deportaciones a unos 300.000 salvadoreños, 5.000 nicaragüenses, 1.000 sudaneses y 58.000 haitianos.
La orden de 2018 impedía que el Gobierno de Trump pusiera fin al TPS para ciudadanos de esos países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales, informó la agencia de noticias EFE.
Ya en 2017, el Gobierno de Trump intentó terminar con la designación de TPS para estos cuatro países, una decisión que fue bloqueada entonces por un tribunal de California.
Sin este programa, sus beneficiarios podrían ser deportados si no encuentran otra forma de legalizar su estatus migratorio en el país.
Además, de los 400.000 inmigrantes que están protegidos por el TPS, también se espera que el fallo afecte a más de 200.000 niños nacidos en Estados Unidos, hijos de estos inmigrantes.
Uno de los abogados de las principales organizaciones de derechos civiles del país, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Ahilan Arulanantham, advirtió hoy que los ciudadanos de Nicaragua, Sudán y Haití beneficiados por el TPS tienen protección hasta el próximo 5 de marzo y, los salvadoreños, hasta noviembre del año próximo.
«Las declaraciones viles del presidente sobre los titulares de TPS dejaron perfectamente en claro que su Gobierno actuó con motivo racial. La Constitución no permite que la política sea impulsada por racismo», aseguró el abogado, según EFE.
La designación del TPS es un beneficio temporal y sus beneficiarios son sometidos a verificaciones de antecedentes para garantizar que no representan un riesgo para la seguridad estadounidense.
El Salvador fue incluido en este programa en 2001, Nicaragua en 1999, Sudán en 1997 y Haití en el año 2010.