La Justicia suspendió hoy el inicio de las operaciones de aerolíneas de bajo costo y parte de las obras emprendidas en la base aérea de El Palomar hasta que se acredite una evaluación de impacto ambiental y se determine si los trabajos podrían afectar posibles pruebas para juicios de lesa humanidad por tratar de un sitio de la memoria.
En un fallo que hizo lugar parcialmente a un amparo presentado por vecinos y organizaciones de derechos humanos, la jueza Martina Forns ordenó a la aerolínea FlyBondi, al Ministerio de Transporte de la Nación y a la Autoridad Nacional de Aviación Civil (Anac) que «se abstengan de comenzar las actividades de aeronavegación».
Esta suspensión, señaló en el primer punto de su resolución, regirá hasta tanto el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) «haya autorizado la Evaluación de Impacto Ambiental que le será presentada por la empresa Aeropuertos Argentina 2000».
La magistrada, a cargo del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo 2 de San Martín, dispuso también que el Ministerio de Transporte «se abstenga de continuar con las obras (…) correspondientes a los Hangares y todas las posteriores a la Etapa 0».
Este aspecto de la suspensión, según el punto 2 de la resolución, estará vigente hasta que se respondan oficios requeridos a otros jueces federales y al Archivo Nacional de la Memoria, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, para que se pronuncien «acerca de la autorización a realizar las obras dispuestas en dicho Sitio de la Memoria», en referencia a la base aérea.
Es que, según pudo determinar la Justicia en el marco de causas por delitos de lesa humanidad, desde allí partió gran parte de los denominados «vuelos de la muerte», con lo cual podrían persistir pruebas que contribuyan al esclarecimiento de esos hechos.
En el punto 3, la jueza Forns resolvió «rechazar la petición de que se suspendan las obras en la Terminal (Aeroestación) y demás obras de remodelación, mantenimiento y seguridad en la pista, y lugares aledaños correspondientes a la Etapa 0».
Las compañías aéreas ‘low cost’ (de bajo costo) comenzarían a operar desde el aeropuerto o base aérea de El Palomar, en el oeste del Gran Buenos Aires, en febrero próximo, según las previsiones del Ministerio de Transporte.
La cautelar presentada por vecinos de Morón, Hurlingham y acompañada por organismos de derechos humanos apuntó a frenar tanto las obras como la operatoria de las «low cost».
Con su resolución, la jueza Forns impide de hecho que la empresa FB Líneas Aéreas SA, FlyBondi, pueda iniciar por el momento las operaciones en El Palomar, tal como tenía previsto la compañía.
No obstante, desde el Ministerio de Transporte informaron hoy a Télam que las obras «continúan su curso normal con el objetivo de que pueda estar operativo en febrero».
En tanto, el CEO de FlyBondi, Julian Cook, iba a anunciar hoy el inicio de la venta de pasajes para sus vuelos desde Córdoba y Buenos Aires, aunque, tras la decisión judicial, sólo podrá anunciar con certeza vuelos desde la capital de la provincia mediterránea.
La magistrada había realizado el lunes último una inspección ocular a El Palomar durante la cual constató que dentro del predio de la base funciona una escuela técnica y que había además dos polvorines a entre 50 y 100 metros de la pista aérea.
Las fuentes del Ministerio de Transporte consultadas por esta agencia ratificaron que los trabajos llevados adelante junto a Aeropuertos Argentina 2000, con una inversión prevista de 1.600 millones de pesos, permitirán a esta terminal aérea recibir vuelos comerciales.
Estas obras, proyectadas en tres etapas, comprenden «mejoras en la terminal de pasajeros actual y el mantenimiento de la pista, plataforma, balizamiento y rodajes y entorno del aeropuerto, entre otras», precisaron.
La intención es que El Palomar pase a tener una operación mixta que combinaría vuelos de línea con vuelos militares, como sucede ya en los aeropuertos de Mendoza, Reconquista, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Trelew, Bahía Blanca y Río Cuarto.
El gobierno nacional, a través del decreto 1092/2017, incorporó formalmente a la ex base aérea militar de El Palomar al Servicio Nacional de Aeropuertos, con la idea de que, a partir de febrero próximo, esté en condiciones de comenzar a operar con las ‘low-cost’ que explotarán rutas de cabotaje.