Dos clubes objetaron la Asamblea que durante 2020, en plena pandemia y cuarentena obligatoria, definió la continuidad del actual titular afista
La Inspección General de Justicia (IGJ) abrió a prueba el expediente en el que dos clubes cuestionaron la Asamblea que el año pasado, en plena cuarentena obligatoria, dispuso la reelección de Claudio «Chiqui» Tapia como presidente de la AFA.
Fuentes de la IGJ explicaron a Noticias Argentinas que «el expediente no está aún en estado de resolver porque hay una tramitación pendiente que se está llevando a cabo».
Esa tramitación pendiente es la producción de prueba ordenada por el propio organismo, después de que la conducción de la AFA respondiera a los cuestionamientos.
Esas respuestas, a su vez, fueron notificadas a los clubes que habían formulado las objeciones.
La Asamblea que a poco de estallar la pandemia aprobó la reelección de Tapia fue objetada por la Comisión Directiva que estaba por entonces al frente de Nueva Chicago, pero con el cambio de autoridades el club, institucionalmente, desistió el planteo.
La IGJ analiza si tal desistimiento interrumpe el reclamo o si los que lo presentaron, en tanto autoridades salientes y socios vinculados con el club, pueden mantenerlo más allá de no ejercer la representación legal de la institución.
Simultáneamente otro club, San Martín de Tucumán, también objetó el procedimiento, sobre todo por la modalidad no presencial de la Asamblea, en virtud de las restricciones impuestas por el gobierno nacional ante el estallido de casos de coronavirus.
La conducción de la AFA rechaza los cuestionamientos y entre sus respuestas le recordó a la IGJ que la Asamblea en la que fue ungida la actual conducción estuvo supervisada por funcionarios del propio organismo.
La reelección de Tapia –argumentan- «contó con el apoyo mayoritario que quedó reflejado en la documentación presentada» ante la Inspección General de Justicia.
La AFA explicó, además, que ante la presentación de una sola lista y en el contexto de la pandemia, estaba habilitada la sesión remota.
Tras la etapa de prueba en que se encuentra actualmente el expediente, la IGJ quedará en condiciones de adoptar un criterio definitivo, lo que podría ocurrir en el término de un mes, según estimaron voceros de la entidad.