La familia de Débora Pérez Volpin apeló este lunes el fallo que absolvió a la anestesista Nélida Puente por la muerte de la periodista, ocurrida en febrero de 2018. A su vez, reclamó aumentar a diez años la inhabilitación profesional para el condenado endoscopista Diego Bialolenkier.
La apelación se concretó en disconformidad con el veredicto que absolvió a la anestesista, para quien la familia había pedido la pena de tres años de prisión en suspenso, y la inhabilitación a siete años y medio que el juez Javier Anzoategui le impuso a Bialolenkier, además de la condena a tres años de prisión en suspenso.
«La realidad, y la prueba lo demuestra, es que Puente no estaba controlando a la paciente, y que si aquel brazo no se hubiera movido, Puente no hubiera advertido nada«, sostuvo la querella en la apelación presentada por el abogado Diego Pirota.
Una parte de la acusación sobre Puente apunta a que la paciente no estaba monitoreada en sus signos vitales previo a desencadenarse la fatalidad.
La muerte de Pérez Volpin se produjo a raíz de un paro cardio-respiratorio que, según peritos, fue ocasionado por perforación del esófago durante la endoscopia.
«Los dos médicos que tuvieron trato directo con el cuerpo de la paciente, que le hicieron RCP, no vieron que la paciente tuviera electrodos, ni que hubiera algún monitor que mostrara el ritmo cardíaco«, agregó. En ese sentido, preguntó: «¿qué hubiera pasado si Débora Pérez Volpin hubiera sido correctamente monitoreada por la anestesista?».
«Aunque es una pregunta imposible de responder, podemos afirmar que la perforación provocada por Bialolenkier no se hubiera evitado, claro, pero quizás se hubiera advertido a tiempo -o con anterioridad- la descompensación sufrida por la paciente», señaló la querella.
El otro punto de la acusación sobre la anestesista gira en torno a las tareas de reanimación que realizó una vez desatada la tragedia y que no pudieron revertir el cuadro.
«Esos cinco minutos que tuvo Puente, escasos según el Tribunal, con un diagnóstico adecuado y un monitoreo completo, fueron la diferencia, sin lugar a dudas, de la vida y la muerte de Pérez Volpin», acusó la querella.
El otro tramo de la apelación tiene que ver con aumentar la pena de inhabilitación profesional al endoscopista a diez años. Sobre la condena de tres años de prisión en suspenso dictada contra el médico, la propia familia de Pérez Volpin, al conocer el veredicto, había anunciado que no la apelaría.
Ahora, el recurso será revisado por la Cámara Nacional de Casación Penal, que no tiene plazos establecidos para resolver.