La máxima instancia judicial británica, la Corte Suprema, se pronunciará el jueves sobre las restrictivas leyes del aborto en la provincia de Irlanda del Norte.
Algo más de dos semanas después de que la vecina República de Irlanda decidiera en referéndum liberalizar el aborto, siete jueces de la Corte Suprema decidirán si la prohibición de abortar en caso de violación, incesto o malformación del feto vulnera la Convención europea de derechos humanos.
A diferencia de Inglaterra, Escocia o Gales, donde el aborto es legal desde 1967, en Irlanda del Norte es ilegal excepto en caso de que peligre la vida de la madre o haya riesgo de daños graves para su salud mental o física.
Las leyes actuales en esta provincia castigan a mujeres «excepcionalmente vulnerables», denunció, en una audiencia del caso, la Comisión de derechos humanos de Irlanda del Norte (NIHRC).
Una mujer que aborte en Irlanda del Norte en cualquier otro supuesto puede ser condenada a cadena perpetua.
Si los jueces deciden que las leyes son contrarias a la Convención de derechos humanos, podrían poner en serios apuros a la primera ministra Theresa May.
May se encontraría presionada por un lado por gran parte del Parlamento, que le pediría actuar y relajar las leyes, y por sus socios parlamentarios, los unionistas norirlandeses, que se oponen a cualquier modificación y cuyo apoyo es esencial para el gobierno.