La comisión que tiene a su cargo la elaboración de un anteproyecto de reforma del Código Penal incluyó en su texto especificaciones sobre el financiamiento ilegal de los partidos políticos y las penas que le corresponderían, que incluirían condenas de hasta diez años de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos.
El financiamiento ilegal de los partidos políticos se castigará, según lo planteado en la última reunión de la comisión de reforma, con «penas de hasta diez años de prisión, así también fuertes sanciones económicas a los particulares y a las personas jurídicas que intervengan», consignó el camarista de Casación Mariano Borinsky, quien preside la comisión, según se informó en un comunicado.
«En los casos más graves también se impondrá una inhabilitación absoluta, la privación del derecho electoral a los condenados por delitos electorales gravísimos y no sólo como hasta ahora a los penados por atentar contra el orden constitucional y la vida democrática», añadió Borinsky.
Las penas tendrán lugar «cuando un funcionario público destine, o permita la utilización de fondos, efectos, bienes y/o servicios con un destino distinto al legal, con el propósito de beneficiar o perjudicar a un precandidato, candidato, partido o agrupación política o cuando, con el fin de ocultar la identidad de un aportante o contribuyente, o el monto del aporte o contribución, lo fragmente».
También estuvieron en análisis en la reunión, tal como se informó en el comunicado, los castigos para conductas «como obstaculizar el proceso electoral, detener el correo o el traslado de urnas o de padrones, el robo o daño a éstas o a máquinas de votación», así como el robo de boletas.
Otros comportamientos irregulares analizados por la comisión fueron las trampas al votar, como «cuando alguien lo reemplaza (al elector), o vota más de una vez, o sin derecho, o con engaños lleve a otra persona a sufragar de cierta forma, o a no hacerlo».
Otros puntos evaluados fueron los vinculados a los delitos informáticos, como por ejemplo ingresar a un sistema para robar datos, alterar información, o bloquear el recuento de votos.
En reuniones anteriores, la comisión había incluido en su propuesta de reforma del Código Penal los delitos de lesa humanidad y genocidio, sanciones por delitos de corrupción y una suba en las penas por delitos de violencia en espectáculos deportivos.