Por Carlos Heller*
El miércoles pasado a la madrugada, el Senado de los Estados Unidos aprobó por 50 votos a 49 un presupuesto de 3,5 billones de dólares para implementar una amplia agenda social.
La iniciativa contiene medidas para comenzar a resolver el problema del cambio climático, el fortalecimiento de la seguridad social para la tercera edad e inversiones en educación y salud.
Con relación a este último punto, incluye cobertura dental, tratamientos auditivos y de la vista. Además, estimula la creación de jardines de infancia e institutos comunitarios gratuitos y la posibilidad de que millones de inmigrantes sin papeles obtengan la ciudadanía.
Los fondos provendrán de un aumento de los impuestos a los más ricos y a las grandes empresas.
El martes, el Senado estadounidense también aprobó un plan de infraestructura de 1,2 billones de dólares.
Por supuesto: los senadores republicanos sostuvieron que el incremento del impuesto a los más ricos va a afectar a la economía y provocará un alza en la inflación.
Por el contrario, se trata de un Estado que a partir de una serie de iniciativas tributarias traslada recursos desde un pequeño núcleo de personas con inmensas fortunas hacia sectores que necesitan ser ayudados.
En ese proceso genera mayor demanda, más empleo y, de ese modo, estimula el crecimiento de la economía.
En la Argentina -y en muchos otros países- sucede algo similar en la salida de la pandemia: a través de leyes tributarias progresivas se avanza en un proceso de distribución de recursos de arriba de la pirámide hacia abajo.
Entre otras, la aprobación de la ley de modificación del Impuesto a las Ganancias de las personas humanas, por la que 1.200.000 trabajadores y trabajadoras registrados quedan eximidos de pagar ese tributo; la modificación del Impuesto a las Ganancias de sociedades, cuyo objetivo fue aliviar la carga impositiva a las pequeñas y medianas empresas; la sanción al Programa de Fortalecimiento y Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes; y el Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, entre otras políticas.
En la misma línea de medidas distributivas, esta semana el Gobierno reglamentó la ley de ampliación de Zonas Frías que establece una reducción del 30% de la tarifa de gas para más de 2,7 millones de hogares.
Otro grupo de 370 mil reciben una rebaja del 50%. Además, se mantienen los 850 mil hogares que hasta ahora venían recibiendo este beneficio. La medida apunta a compensar a los usuarios que consumen más gas porque residen en zonas del país con temperaturas bajas.
Volviendo a Estados Unidos, allí se percibe un cambio significativo en el tema del medio ambiente, que ha pasado a estar en el centro de las preocupaciones. Los informes al respecto son crecientemente críticos.
Hay cuestiones urgentes que, si no se resuelven desde ahora al 2030, van a hacer falta siglos para poder revertirlas.
Detrás de este deterioro creciente del medio ambiente está la aspiración insaciable y sin límite de quienes buscan obtener rentabilidades cada vez más altas.
La crisis se puede revertir, pero es necesario disponer de mayores recursos para inversiones. Por ejemplo, un propietario de una empresa que contamina, no es necesario que abandone su actividad: alcanza con que ponga una planta de tratamiento de los desechos que produce su emprendimiento y, de ese modo, deje de contaminar.
Por supuesto: eso afecta la máxima rentabilidad empresaria.
Pero la disyuntiva no admite dudas: la elección es entre la rentabilidad empresarial excesiva y la subsistencia de la humanidad.
Se habla hasta de zonas que van a dejar de ser habitables y de especies animales que van a desaparecer.
Hasta hace poco Donald Trump, y su posición de romper con los acuerdos que se venían gestando con mucho esfuerzo en este campo, hacía inviable cualquier intento de comenzar a resolver el problema.
En cambio, hoy hay una esperanza: el tema del medio ambiente se ha puesto al tope de la agenda global. Incluso va a ser una cuestión trascendente en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas. No se trata sólo de tomar posición con el discurso: se trata de comprometerse con políticas públicas que, por ejemplo, premien a las energías limpias, combatan la contaminación y nos ayuden a avanzar en una dirección distinta de la que nos llevó a la situación crítica actual.
Vivimos en un sistema que alienta a consumir más y más diversos productos, muchos de ellos innecesarios. Pero, si redujéramos los niveles de consumo, ¿no correríamos el riesgo de que al consumir menos, caiga la demanda y, por lo tanto, caiga el empleo y los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras? La respuesta es: «no necesariamente»: porque el consumo crece en un grupo cada vez más reducido de la humanidad.
Es decir: un pequeño sector consume mucho y un gran sector lo hace muy poco. Por lo tanto, si trabajáramos en políticas de mejora de la distribución del ingreso junto a las políticas medioambientales, lo más probable es que no caería la producción global por más que se alentara una caída del consumo superfluo: éste se reduciría en las capas más altas de la sociedad, pero subiría el consumo necesario entre los que no consumen o lo hacen muy poco.
El problema medioambiental ha llegado a tal nivel de gravedad que parece inevitable que, en defensa de su autoconservación, la humanidad despliegue políticas en ese campo. Porque, ¿adónde nos lleva este deterioro permanente del medio ambiente?, ¿quién va a sobrevivir en este mundo si efectivamente el calentamiento global se acentúa y se multiplican los incendios, las inundaciones, etcétera? .
La agenda medioambiental es global pero, en simultáneo, compromete a cada uno de los países. La Argentina no es una excepción. Estamos trabajando en ello. Un medio ambiente cuidado es parte de la vida que queremos.
(*) – Diputado nacional por el Frente de Todos, precandidato a diputado de la Nación por la ciudad de Buenos Aires y presidente del Partido Solidario.