La documentación se entregó en el marco de la denuncia por "producción de inteligencia ilegal" que se presentó tras el hallazgo de las fichas con información sobre periodistas acreditados al G20, entre otros
La Agencia Federal de Inteligencia entregó este lunes a la Justicia unas 500 fichas que dan cuenta del espionaje ilegal a periodistas, dirigentes sociales y políticos, académicos y empresarios, presuntamente ejecutado por el gobierno de Mauricio Macri.
La presentación se hizo en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro, ante la fiscal Paloma Ochoa, a quien el juez Marcelo Martínez De Giorgi delegó la investigación, según informaron fuentes de la AFI. Se trata de la denuncia presentada el viernes último por la interventora del organismo, Cristina Caamaño, contra el ex presidente Macri; el ex director general de la AFI Gustavo Arribas y la ex subdirectora Silvina Majdalani, además de los agentes identificados como autores de esos informes, cuya identidad se mantiene en reserva.
La documentación se entregó en el marco de la denuncia por «producción de inteligencia ilegal» que se presentó tras el hallazgo de las fichas con información sobre periodistas acreditados al G20, entre otros damnificados.
El viernes último, los tribunales de Comodoro Py 2002 permanecieron cerrados al público ante tareas de desinfección tras registrarse un caso positivo de Covid-19 y por ello la entrega se concretó ahora.
La información refiere a 403 periodistas espiados y otras 87 personas de «distintos organismos de la sociedad civil, con datos relevantes de fuentes, ya sean públicas como privadas, en el marco de los procesos de acreditación para las reuniones de la Cumbre del G-20 y de la 11ª Conferencia Ministerial de la OMC», explicaron fuentes del organismo.
La documentación aportada al expediente «incluye además informes de inteligencia sobre actividades de organizaciones que planteaban objeciones a los eventos internacionales, como el Transnational Institute, el Instituto del Mundo del Trabajo “Julio Godio” y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS)», agregaron las fuentes.
La denuncia fue presentada por la posible violación al inciso 2 del artículo 4 de la Ley de inteligencia 25520.
La norma prohíbe «obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción».