Una fiscal de la ciudad italiana de Milán se puso en contacto con su colega argentino Carlos Stornelli para solicitar información de la causa donde se investigan pagos ilegales de empresarios a funcionarios kirchneristas por obra pública, a partir de los cuadernos aportados por el chofer Oscar Centeno.
El pedido llegó a través de la fiscal de Milán Donata Costa quien investiga a la empresa Techint en Italia por un caso de soborno trasnacional, y tratándose de Paolo Rocca un ciudadano oriundo de aquel país.
La fiscal a través del Ministerio Público Fiscal se puso en contacto con el fiscal Stornelli para solicitar información a partir de la confesión de Héctor Zabaleta, Director de Administración en la Argentina y quien se convirtió en «arrepentido» en la causa de los cuadernos.
En la causa también figura como arrepentido Luis Betnaza, un directivo que confesó haber pagado a funcionarios argentinos de la mano de Roberto Baratta, para acelerar el pago de una indemnización del gobierno venezolano por la estatización de una de sus empresas en Venezuela, Sidor.
La empresa fue estatizada en 2008 y el gobierno venezolano prometió el pago de una indemnización a Techint, algo por lo que ahora se confesó pagaron a funcionarios argentinos para interceder y acelerar el proceso.
En la Argentina, una de las causas a partir de una denuncia de la PROCELAC, la unidad fiscal anti lavado, recayó en el juez Sebastián Ramos con la fiscal Paloma Ochoa.
Otra investigación relacionada está en manos del juez Luis Rodríguez y el fiscal Eduardo Taiano: el año pasado este último tuvo una reunión con su par de Milán Fabio Di Pasquale quien viajó a la Argentina especialmente para obtener colaboración.
El fiscal italiano reiteró tal cual lo había hecho en un exhorto la citación a indagatoria de Paolo Rocca, sumado a varias medidas de prueba como ser el registro de llamados del empresario y secuestro de correos electrónicos.
La investigación en Italia es para determinar si directivos dde Techint utilizaron sociedades offshore, y una cuenta en Suiza para pagar sobornos a funcionarios brasileros de Petrobras para acceder a distintas obras.
La sospecha es que entre 2009 y 2013 se pagaron 9 millones de dólares en sobornos a funcionarios en Brasil para quedarse con las obras de Petrobas.