La justicia europea impuso este miércoles una multa de 12 millones de euros a España por incumplir durante casi dos décadas la directiva europea sobre aguas residuales y advirtió que, por cada semestre que siga sin hacerlo, deberá abonar 11 millones de euros.
Madrid tenía hasta el 31 de diciembre de 2000 para garantizar que las grandes y medianas aglomeraciones urbanas contaran con sistemas colectores de aguas residuales urbanas. Ante el incumplimiento, la Comisión Europea decidió llevarlo ante la justicia comunitaria en 2010.
En 2011, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio la razón al ejecutivo comunitario, que llevó de nuevo a España en 2017 ante el alto tribunal europeo ya que, a su juicio, incumplía la ley y la sentencia anterior respecto a 17 aglomeraciones urbanas.
«España ha incumplido su obligación de dar cumplimiento a la sentencia de 2011», indicó en un comunicado el tribunal con sede en Luxemburgo, que impone una sanción de 12 millones de euros y «una multa coercitiva de 10.950.000 millones de euros por cada semestre de retraso» a partir de este miércoles.
Para calcular la multa coercitiva, los jueces tuvieron en cuenta «el carácter especialmente prolongando de la infracción» y señalan que, con arreglo a la información del gobierno español, el cumplimiento de la sentencia «no se producirá antes del año 2019».
El fallo subraya además que la falta de sistemas colectores o de tratamiento de aguas residuales urbanas «pueden perjudicar al medio ambiente» y «deben considerarse como incumplimientos graves».
Actualmente, nueve aglomeraciones españolas siguen sin respetar estas obligaciones, en concreto las andaluzas Alhaurín el Grande, Barbate, Isla Cristina, Matalascañas, Tarifa, Coín y Nerja, así como la asturiana Gijón-Este y la canaria Valle De Güímar.