Lo normativa era muy reclamada por distintas organizaciones en el marco de la Ley de Emergencia en Violencia Género que fue sancionada en la provincia a fines de octubre después de que se cometieran múltiples femicidios
La Legislatura jujeña sancionó una ley que garantizará la obligatoriedad de que cada escuela de la provincia programe y ejecute acciones de Educación Sexual Integral (ESI), y para que los docentes se capacites para impartirla.
Lo normativa apunta a la aplicación efectiva las leyes de Educación Sexual Integral, Nº 26.150, y de prevención de erradicación de la violencia de género, Nº 27.234, lo cual deberá ser certificado por el Ministerio de Educación provincial, de acuerdo a lo aprobado en las últimas horas de ayer.
La diputada Maria Ferrín, miembro informante, detalló que el proyecto es un complemento que permite al Ministerio de Educación dar cumplimiento al artículo 10 de la Ley de Emergencia en Violencia Género en la provincia, sancionada a fines de octubre.
“Se trata de una política educativa específica y obligatoria para las escuelas, que deben ejecutar los profesionales de la educación preparados para la tarea pedagógica”, explicó Ferrín.
La cartera educativa provincial deberá fortalecer la implementación de la ESI mediante un programa provincial de capacitación docente, que tendrá carácter obligatorio.
También se tendrá que asegurar el proceso de enseñanza y aprendizaje transversal a los saberes de ESI, conforme a los diseños curriculares jurisdiccionales, ello con la producción y distribución de material didáctico y digital para toda la comunidad estudiantil.
El mencionado material tendrá que ser de fácil acceso y adaptado para los pueblos originarios y personas con discapacidad.
El dictado de ESI será obligatorio en todos los servicios educativos de gestión estatal, provincial, y municipal, privada, social y cooperativa y en todas las modalidades del sistema, desde la educación inicial hasta la educación superior.
La iniciativa venía siendo trabajada por la Comisión de Educación de la Legislatura provincial, con el objetivo de poner en práctica lo legislado a nivel nacional, ante una fuerte demanda generada por parte de las casi 80 organizaciones que participaron del reciente debate por la ley de emergencia en violencia de género.
En la provincia, si bien ya se contabilizan unos 8.000 docentes formados, las capacitaciones se tomaban como actividades aisladas y no se traducían en acciones especificas de enseñanzas en las aulas, dijo Ferrín a la agencia de noticias Télam.