La asociación Inquilinos Córdoba emitió un documento en el que sostuvieron que “más del 50% de los inquilinos manifiesta que desde el inicio de la pandemia percibe menos ingresos y, de ellos, casi el 25% ha perdido su trabajo”
Una asociación que nuclea a los inquilinos de Córdoba pidió hoy que sea extendida hasta marzo próximo la vigencia de la norma que fijó, a nivel nacional, el congelamiento de los valores de los alquileres hasta el 30 de septiembre próximo como así también la suspensión de desalojos.
Se trata del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 320/2020 emitido por el Gobierno nacional el 29 de marzo pasado, como parte de las medidas para atender al impacto económico de la pandemia de coronavirus.
La asociación Inquilinos Córdoba emitió un documento en el que sostuvieron que ese DNU “significó reducción de incertidumbre y angustias» a quienes, en el marco de la pandemia, no pueden «salir a trabajar para generar ingresos» o perdieron sus empleos.
Además, señalaron que la medida dispuesta por el Poder Ejecutivo a nivel nacional «permitió atravesar la cuarentena al resguardo en nuestras viviendas para preservar nuestra salud y la de nuestras familias”.
No obstante, consideraron que la realidad de los inquilinos “no ha mejorado sino que, por el contrario, ha empeorado”.
En ese marco, consignaron que un relevamiento propio evidencia que “más del 50% de los inquilinos manifiesta que desde el inicio de la pandemia percibe menos ingresos y, de ellos, casi el 25% ha perdido su trabajo”.
Asimismo, añadieron que el presidente Alberto Fernández, en una entrevista periodística reciente, había manifestado su voluntad de prorrogar el DNU 320/2020, y, en ese sentido, pidieron “respuestas urgentes para seguir garantizando el techo a quienes no están generando ingresos».
También, destacaron la necesidad de trazar «un horizonte respecto a cómo será el proceso de desendeudamiento de los inquilinos e inquilinas”.
Ayer, la diputada nacional Fernanda Vallejos (Frente de Todos) presentó en la Cámara baja un proyecto de ley para extender el congelamiento de alquileres y la suspensión de los desalojos hasta marzo del próximo año, una iniciativa que se sumó a otra en el mismo sentido presentada en la Cámara alta por la senadora María de los Ángeles Sacnun.