La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal condenó al Estado Nacional y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pagar una multimillonaria indemnización en concepto de daños y perjuicios a una mujer cuya hija murió por el incendio de la discoteca República Cromañon, el 30 de diciembre de 2004.
A poco más de 14 años de la tragedia, el fallo a favor de Andrea Elsa Pelc, que ratificó parcialmente al de primera instancia, también incluyó como condenados a Raúl Villarreal (colaborador del fallecido empresario Omar Chabán, organizador del recital de esa noche), al ex subcomisario Carlos Díaz y la ex funcionaria porteña Ana María Fernández.
El monto de la condena es de 983.200 pesos, pero la suma se actualizará desde el momento del hecho, por daño moral y psicológico y lo que se estimó como el “valor vida” de María Celeste Peón, hija de Pelc y una de las 194 víctimas fatales del incendio, durante un recital del grupo Callejeros, cuyos miembros fueron citados como “terceros” en esta demanda.
El Estado nacional y el porteño fueron responsabilizados porque sus agentes no hicieron cumplir las imposiciones legales, ni observaron las obligaciones que les cabían como funcionarios, como surge de las condenas en la causa penal por el incendio del local de Mitre al 3.000 de esta ciudad.
Argañaraz fue condenado porque se probó que conocía las características del lugar y que no desconocía la prohibición sobre el uso de pirotecnia empleada por el grupo Callejeros.
A Díaz se le atribuyó su vinculación con el acuerdo ilícito que implicaba permitir que el espectáculo se diera a pesar de las condiciones peligrosas del lugar, y a Fernández el incumplimiento de sus deberes como Coordinadora General de la Unidad Polivalente de Inspecciones.
Los integrantes de la banda musical también fueron condenados en el juicio en sede penal, pero no integraron el conjunto de demandados por Pelc, aunque fueron citados como “terceros”, para que tomaran conocimiento del reclamo.
También que, desde que se produjo la muerte de su hija, Pelc “se encuentra en tratamiento ambulatorio” por ese hecho, es “medicada”, y tuvo varias internaciones por temas vinculados a depresiones.
El incendio de la discoteca, del que también resultaron centenares de heridos, originó, además de la causa penal, demandas patrimoniales en distintos fueros de la justicia, con fallos similares -aunque con monto diverso- al de la causa promovida por Pelc.