La Ruta Provincial Nº 30, de Tierra del Fuego, suma otro episodio. Ahora imputaron a tres ex funcionarios, en el marco de un conflicto ambiental y arqueológico
La Ruta Provincial Nº 30, de Tierra del Fuego, suma otro episodio. Ahora imputaron a tres ex funcionarios, en el marco de un conflicto ambiental y arqueológico
Tres ex funcionarios de Tierra del Fuego fueron imputados por el fiscal Fernando Ballester Bidau por presuntos delitos de «daños agravados» y «daños al patrimonio arqueológicos» en el marco de la construcción de la Ruta Provincial Nº30 Corredor Costero Canal Beagle, conocida como «la ruta de la tala».
El funcionario de la Justicia decidió iniciar una investigación sobre el ex jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz; el ex ministro de Obras y Servicios Públicos, Luis Vázquez; y al ex secretario de Cultura, Gonzalo Zamora, tras el hallazgo de restos humanos que pertenecerían a la comunidad Yagán.
Ballester Bidau los acusa de haber participado de la aprobación del estudio de impacto arqueológico y autorizaron la ejecución de la obra pese a que estudios científicos suscribían que dicho informe era deficitario.
Antes de esta denuncia, la obra costera ya había generado polémica, críticas y movilizaciones en Ushuaia por la tala de árboles en una zona de bosque nativo, con gran valor ambiental.
El abogado de la Asociación Mane’ kenk (ONG interesados en la Educación Ambiental en Tierra del Fuego), Antonio Aciar, dijo que «la conducta es de acción por omisión», ebido a que «a sabiendas de que el estudio de impacto estaba incompleto», se dio por aprobado, lo que permitió que la obra avance, es decir, «se omitió con conocimiento».
«En cualquier lugar si se encuentran bienes arqueológicos hay que citar a la comunidad a la que podrían pertenecer para su reconocimiento, analizarlos, determinar cómo fue el hallazgo… y todo esto no se cumplió», señaló a la web de TN.
«La obra está paralizada temporalmente en un tramo, pero es importante que se tomen decisiones para respetar el patrimonio cultural de la provincia», aseguró el letrado y expresó que tienen «expectativas de que ocurra una inspección ocular» para conocer el estado real de situación.
Aciar indicó que habría cambios en la traza de la obra porque «sería muy de necio decir que acá no pasó nada».
La actual ministra de Obras Públicas fueguina, María Gabriela Castillo, puso a disposición su Ministerio para la Justicia, pero advirtió que como «no hubo transición» con los imputados, el panorama es complejo.
Castilló además detalló que existen tres contratos con la empresa Gancedo S.A correspondientes a cada tramo de la obra y que los técnicos están trabajando «contra reloj para determinar hacia dónde reconducen la traza»: «Cada día de demora es una máquina que avanza, entonces estamos apurados para definir hacia dónde se avanza para que no haya más daños» en lo más de «800 sitios de valor arqueológico» que existen en el área.
La funcionaria adelantó que probablemente se tenga que readecuar la obra en el tramo 1 y 2 para generar el menor daño posible. «Impacto va a haber, el tema es qué sacrificamos», concluyó.
Toda la polémica también tiene a Lucas Turnes, arqueólogo que fue despedido de la Secretaría de Cultura tras negarse a firmar el informe que la empresa Gancedo S.A presentó para iniciar la obra costera.
«Las evidencias ya están disponibles hace rato, ahora se suma la cuestión de la excavación de un enterratorio humano sin el protocolo que exige la ley», aseguró y agregó: «La cuestión es poder estimar el daño que se hizo al patrimonio arqueológico». Turnes aun no fue convocado para declarar en la causa.
