El representante de los damnificados de la provincia, Diego González, habló con CLG sobre las iniciativas que comenzó a discutir la Cámara Alta en torno a los créditos hipotecarios. "La situación es preocupante porque las familias no pueden pagar", aseguró
Dos comisiones del Senado de la Nación debatieron el martes pasado dos proyectos de ley sobre los exorbitantes créditos hipotecarios UVA lanzados durante la gestión de Mauricio Macri. Los deudores reclaman desde hace tiempo que se aborde su situación dado que el incremento constante de la inflación hizo que sus contratos se vuelvan impagables. Si bien las dos iniciativas despertaron interés nacional, los damnificados fueron tajantes al asegurar que «no dan ninguna solución a la problemática». CLG dialogó con el representante de los damnificados de la provincia, Diego González.
Mediante el sistema de videoconferencia, los miembros de la comisiones de Economía Nacional e Inversión del Senado debatieron ayer sobre las iniciativas presentadas por Julio Cobos y Mario Fiad, ambos integrantes del interbloque de Juntos por el Cambio. También participaron integrantes del colectivo «Hipotecados UVA», quienes manifestaron su rechazo a las propuesta.
Diego González explicó en diálogo con CLG los motivos de la negativa: «No dan ninguna solución a la problemática porque lo único que hacen es cambiar el índice de indexación por otro. Sólo se modifica un 2 o 3 por ciento de la cuota cuando venimos de un aumento del 400% desde que tomamos los créditos».
El primero de los proyectos, cuyo autor es el mendocino Cobos, prevé que las entidades financieras ofrezcan la posibilidad de renegociación de contratos con cláusula de ajuste en UVA, y sostuvo que la clave es crear un fondo estabilizador para absorber la diferencia de lo que se adeuda. También propone que se suspendan las ejecuciones hipotecarias y los desalojos por el término de un año.
La segunda iniciativa, presentada por el senador Fiad, busca la regulación de las operaciones enmarcadas en los sistemas de créditos con capital ajustable UVA y UVI (Unidad de Vivienda) previstas en las leyes 25.827 y 27.271 y propone que las actualizaciones se realicen mediante la aplicación del índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) suministrado por el Ministerio de Trabajo. También indica que la cuota mensual resultante no debe exceder el 35 por ciento del ingreso del grupo familiar del deudor y dispone la suspensión por seis meses de las ejecuciones hipotecarias de viviendas.
Para profundizar la posición de los damnificados, González se explayó sobre lo que pretenden: «Desde un primer momento planteamos que la solución es tener una política pública de acceso a la vivienda que sea viable y sostenible en el tiempo, porque son créditos a 30 años, pero esto es imposible cuando la inflación es muy alta y los salarios siguen perdiendo. Para este año será cercana al 50% y los sueldos llevan una caída del 35% en los últimos 3 años».
Los créditos hipotecarios UVA que lanzó la gestión de Cambiemos y que se ajustan por inflación tuvieron su cuota congelada desde marzo de 2020 hasta enero de este año merced de una medida dispuesta por el gobierno de Alberto Fernández. Luego el Presidente no renovó esa decisión, ya con Jorge Ferraresi como nuevo ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, quien nunca entabló una relación fluida con los deudores.
En este sentido, González sostuvo que «la lectura del gobierno nacional es errónea, cerraron el diálogo con nosotros y estamos pidiendo que se reabra». Y agregó: «Teóricamente pronto harán un anuncio de una posible solución a la problemática, pero no nos comunicaron nada. Se habla de que sólo va a ser para algunos casos, cuando mandar a los hipotecados con el banco en forma individual sin un respaldo del Estado es lo mismo que la nada».
Por último, se refirió al caso de un deudor mendocino al que le iban a rematar la casa, pero que finalmente tras la repercusión que tuvo en los medios y la presión que ejercieron los damnificados el Banco Nación revirtió su postura: «Se dio marcha atrás, pero hasta ahí nomás. El banco le ofreció 180 días de gracia para que regularice su situación, pero no se entiende cómo pretenden que en ese tiempo pueda resolver el problema cuando no pudo pagar durante dos años», cuestionó González, y manifestó que «también hay intimaciones en Tierra del Fuego y en Córdoba». «La situación es preocupante porque las familias no pueden pagar, esa la realidad», concluyó.