Dirigentes de unas 60 organizaciones civiles de Guatemala convocaron este viernes a manifestaciones callejeras en las principales ciudades del país para respaldar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), cuyo mandato fue cesado unilateralmente por el gobierno.
Las protestas se efectuarán el próximo lunes, según anunciaron en conferencia de prensa dirigentes de organizaciones indígenas, campesinas, estudiantiles, religiosas, humanitarias, de mujeres, de artistas y de abogados, informó la agencia de noticias EFE.
Los dirigentes explicaron que el objeto de las manifestaciones es «repudiar» las decisiones del gobierno del presidente Jimmy Morales con respecto a la Cicig, un organismo que actuaba en Guatemala en virtud de un acuerdo entre el Estado y la Organización de Naciones Unidas (ONU).
La Cicig fue instalada en 2007 para investigar casos de terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad, pero luego se dedicó a indagar casos de corrupción.
En 2015 fue clave en la victoria electoral de Morales, luego de que sus investigaciones llevaran al anterior mandatario, Otto Pérez Molina, a renunciar y luego a la cárcel. Pero más tarde la Cicig señaló a Morales como sospechoso de corrupción, y el mandatario le declaró la guerra.
A fines de 2018, el gobierno decidió no renovar las visas de 11 funcionarios de la Cicig y el fin de semana retuvo por más de 24 horas en el aeropuerto local a uno de ellos, el colombiano Yiles Osorio, el primero que regresaba al país luego de sus vacaciones.
Aunque el domingo permitió que Osorio ingresara en Guatemala, al día siguiente el gobierno comunicó formalmente a la ONU que había resuelto cesar anticipadamente el mandato de la Cicig y dio 24 horas a sus funcionarios para abandonar el país.
La ONU rechazó la rescisión del acuerdo -que vence el 3 de septiembre próximo- pero el martes pidió a los funcionarios de la Cicig que salieran de Guatemala «hasta nuevo aviso» y el miércoles, la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal guatemalteco, revocó la decisión del gobierno de dar por terminado el acuerdo.