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Gaza conmemora un año de protestas y represión israelí con una masiva marcha


La Franja de Gaza conmemorará mañana el primer aniversario de una marcha contra la ocupación de Israel que comenzó como una convocatoria que duraría un mes y medio y terminó convirtiéndose en una cita semanal de ira palestina y represión israelí, que mató entre 189 y 250 palestinos, según la ONU y el gobierno del movimiento Hamas, respectivamente.

«Nunca pensé que todavía seguiríamos marchando», aseguró Hasan al Kurd, uno de los organizadores originales de la llamada Marcha del Retorno en una reciente entrevista con el portal de noticias israelí 972mag, en la que hizo un balance muy sombrío. «Hoy se ven heridos de las protestas en todos lados en Gaza. Mi familia está entre los heridos. No puedo caminar por ninguna calle sin que pasen personas y me acusen o me cuestionen», contó Al Kurd.

Hace un año, un grupo de 20 gazatíes decidieron recrear una vez más la llamada Gran Marcha del Retorno, pese a que esa misma iniciativa terminó con muertos y heridos por la represión tanto del ejército israelí y las fuerzas del movimiento palestino Hamas en años anteriores. El plan era comenzar con una gran movilización hacia la valla fronteriza israelí e instalar cinco campamentos a lo largo de ella el viernes 30 de marzo, en el aniversario del Día de la Tierra, una fecha en la que se recuerda la muerte de seis palestinos, que fueron asesinados por fuerzas israelíes cuando protestaban contra la expropiación de tierras en la región de Galilea, en el norte de Israel, en 1976.

A partir de esa primera marcha masiva, la idea era sumar gente, semana tras semana, hasta culminar con una protesta multitudinaria e histórica el 15 de mayo, día que se recuerda la Nakba (Catástrofe en español), es decir, la conclusión de la expulsión masiva de más de 700.000 palestinos tras la declaración de independencia de Israel en 1948.

Pero las protestas -apoyadas y fomentadas esta vez por Hamas, el poder palestino en Gaza- y la represión indiscriminada del ejército israelí alimentaron aún más las marchas semanales que continuaron más allá de mayo. En febrero, una Comisión Investigadora creada especialmente por el Comité de Derechos Humanos de la ONU para analizar las denuncias palestinas sobre la represión israelí a estas marchas concluyó que al menos 189 palestinos murieron entre el 30 de marzo y el 31 de diciembre de 2018, entre ellos 35 menores de edad y, de ellos, el 60% murió por disparos en la cabeza.

Además, alrededor de 29.000 manifestantes palestinos resultaron heridos, muchos de ellos por francotiradores israelíes. Para la organización Médicos Sin Fronteras, estos heridos alimentaron una situación sanitaria que ya era dramática.

«Gaza ha sido completamente abandonada este último año ya que las más de 6.500 personas que recibieron disparos de las fuerzas israelíes durante las protestas fueron básicamente abandonadas a su suerte», escribió recientemente la reconocida organización internacional en un comunicado.

«En su búsqueda de ayuda en un sistema de salud ya destruido por más de una década de bloqueo israelí también fueron abandonados por las diferentes autoridades palestinas, sumidas en una parálisis política», agregó en lo que parece hacer referencia a la lucha entre las dos principales fuerzas palestinas, Fatah, liderada por el presidente Mahmud Abbas en el territorio de Cisjordania, y Hamas, a cargo del gobierno en la Franja de Gaza. Como las conclusiones de Médicos Sin Fronteras, el informe de la comisión investigadora de la ONU, dirigida por el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, fue lapidario.

«La comisión tiene motivos razonables para creer que durante la Gran Marcha del Retorno, soldados israelíes cometieron violaciones al derecho internacional de derechos humanos y al derecho humanitario. Algunas de esas violaciones constituyen crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, y deben ser inmediatamente investigados por Israel», concluyó Cantón. El gobierno israelí negó las acusaciones y, el año pasado, la Corte Suprema israelí rechazó cualquier cambio de reglas en el Ejército, como pedían organizaciones de derechos humanos.