Por Diego Carballido
La mañana del martes 6 de agosto de 2013 tenía todos los aspectos de ser una típica mañana en el microcentro rosarino. El tráfico se puso difícil, como siempre, a la hora del ingreso de los alumnos a las escuelas y no disminuyó con el pasar de las horas. La calle Salta es una de las arterias que permite llegar al centro neurálgico de la ciudad, a través de varias líneas de colectivos que se entremezclan con los automóviles particulares.
Esa mañana de 2013, la rutina del edificio ubicado en el 2141 de la calle Salta ya había provocado que varios vecinos comenzaran con sus responsabilidades y abandonen los distintos departamentos, distribuidos en las tres torres de diez pisos cada una que emergían a espaldas del supermercado La Gallega. Pero no todos se fueron.
Cerca de las nueve y media se registraron los primeros llamados de algunas vecinas que advertían sobre un sonido extraño en su edificio, como una especie de chiflido. Ya se encontraba trabajando en el lugar, desde hacía una hora, un gasista matriculado debido a que, luego de varios días de reclamos a la empresa Litoral Gas, el consorcio decidió contratarlo para solucionar el olor que había en el edificio.
Cuando el reloj marcó las 9.38, el 911 recibió el último de los llamados telefónicos advirtiendo que el chiflido era más fuerte. Luego se escuchó una estruendosa explosión. El portero del edificio, minutos antes, recuerda haber cruzado en la puerta del edificio al gasista y su ayudante corriendo de manera desesperada, advirtiendo que la pérdida de gas era incontrolable.
La onda expansiva llegó a cubrir un radio de 500 metros. Como en las películas donde se muestran las consecuencias de los bombardeos en Medio Oriente, las alamas de los autos empezaron a sonar, los vidrios de las ventanas vibraron, una densa columna de humo empezó a trepar el cielo del centro rosarino. Testimonios recolectados con posterioridad determinaron que la explosión se pudo escuchar con claridad hasta 7 kilómetros a la redonda. La gran cantidad de gas acumulado en todo el edificio lo convirtió en una enorme bomba y el feroz estallido produjo el derrumbe de una de las torres, colapsó las dos linderas y afectó a toda la cuadra. El panorama era desolador.
La magnitud de la tragedia puso en funcionamiento todos los mecanismos de asistencia en una emergencia. Ambulancias, bomberos de toda la ciudad y localidades vecinas comenzaron a poblar la zona de Balcarce y Salta.
Las autoridades, tanto municipales como provinciales, se dieron cita en el lugar. La intendenta Mónica Fein y el gobernador de ese entonces, Antonio Bonfatti, acudieron al edificio donde cada hora que pasaba traía noticias de un nuevo cuerpo hallado sin vida entre los escombros. La presidenta en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, arribó a la ciudad al día siguiente y se interiorizó sobre el trabajo de los rescatistas.
Los días que siguieron fueron de una gran angustia. Las fuerzas de seguridad montaron un perímetro de varias cuadras a la redonda donde sólo podía ingresar personal autorizado. Verdaderas tiendas de campañas ocuparon los canteros centrales de calle Oroño y el silencio fue una herramienta fundamental para tratar de escuchar hasta el más mínimo sonido que pudiera emerger de los escombros.
Todas las actividades fueron suspendidas, la ciudad no salía de su asombro y estupor. Los cierres de campaña de las elecciones legislativas a nivel nacional, que debían celebrarse el 11 de agosto de 2013, fueron suspendidos. Hubo días de luto a nivel local y nacional.
Los tiempos de la justicia
La última de las víctimas que produjo la tragedia de calle Salta fue encontrada cinco días después entre los escombros. La explosión se llevó en total la vida de 22 personas, 60 fueron heridas de consideración y un número mucho mayor de vecinos quedaron marcados para siempre.
En la actualidad, el lugar que ocupaba las tres torres es un terreno baldío cercado sobre el que se abrirá un concurso para construir un centro cultural que recuerde a las víctimas fatales.
Con respecto al estado de la causa, sólo queda una familia como querellante en el proceso judicial donde los inspectores de Litoral Gas Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba; el jefe de esa sección, Claudio Tonucci, y la gerenta técnica, Viviana Leegstra, están acusados por delito culposo agravado. Por otra parte, también fueron procesados el gasista Carlos García y su ayudante, Pablo Miño; el gasista que trabajó doce días antes de la tragedia, José Allala; y los tres integrantes de la administración del edificio siniestrado, Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli.
El resto de las familias de las víctimas no soportó el desgaste y los costos afrontados por un extenso proceso judicial, que aún no tiene fecha de juicio oral, de una tragedia que ya cumple cinco años y no determina aún condenas firmes para los responsables.