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Frenan cavado de una fosa en cementerio donde podría haber víctimas terrorismo de Estado


La Justicia Federal le prohíbe al Municipio Capital que siga adelante con esos trabajos en el cementerio de la Santa Cruz.

El juez federal de Salta, Julio Bavio, frenó los trabajos de cavado de fosas en un sector del cementerio de la Santa Cruz, de la capital provincial, ante denuncias de que allí podrían haber enterrados restos de víctimas del terrorismo de Estado de la última dictadura.

Se trata de un sector del cementerio de la capital provincial en el que se habían empezado a realizar trabajos con el objetivo de hacer frente a una eventual mayor demanda de espacio por la pandemia de coronavirus.

La decisión judicial fue adoptada a raíz de un pedido de lugar al pedido del fiscal Carlos Amad y ordenó mantener en las actuales condiciones el Sector C del Cementerio de la Santa Cruz, según informó el Ministerio Público Fiscal en un comunicado.

La decisión judicial tuvo lugar después del pedido que hiciera el fiscal, al conocerse públicamente que la tierra de ese sector del cementerio iba a ser removida para prepararla para eventuales entierros de personas muertas en el marco de la pandemia.

La orden del juez Bavio fue dirigida al secretario de Ambiente Municipal de Salta, Aroldo Tonini, y al administrador del cementerio para que «se abstengan de realizar trabajos de excavación en el Sector C, y mantener bajo su responsabilidad, dicho estado en las mismas condiciones en que se encuentra a la fecha».

La resolución fue acompañada por los croquis que presentó la fiscalía en los que se señalan las áreas que no deben ser intervenidas.

La medida cautelar de no innovar sobre aquellos terrenos fue dictada en el marco de una causa iniciada a raíz de una denuncia sobre enterramientos clandestinos en esa zona del cementerio, en un expediente que está caratulado como «NN s/averiguación delito» y su instrucción está delegada en la fiscalía.

En su resolución, el juez Bavio reseñó los testimonios acerca de la existencia de una fosa común relevados en las investigaciones en curso por crímenes de lesa humanidad que el fiscal Amad desarrolló en su presentación y que indicarían que el sector C habría sido escenario de enterramientos clandestinos.

En efecto, el expediente se inició con el testimonio de un odontólogo -convocado en la época del terrorismo de Estado a la necrópolis para identificar un cadáver-, quien a su paso por el sector vio «muchísimos restos», «pedazos de piernas, de brazos», a los cuales definió como producto de una explosión.