La fiscalía española solicita penas de entre siete y 25 años de prisión para los líderes independentistas catalanes acusados de rebelión y malversación por el intento de secesión de 2017, según su escrito de acusación difundido este viernes.
El ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, encarcelado hace justo un año, es quien recibe la máxima petición de pena al ser el principal dirigente político presente en el juicio contra 18 líderes separatistas que debe abrirse a principios de 2019.
En él no estará Carles Puigdemont, el entonces presidente del gobierno regional, que se encuentra exiliado en Bélgica y de momento quedó fuera de la causa.
Para Junqueras, la fiscalía reclama 25 años de cárcel por rebelión y malversación. Lo siguen la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los líderes de dos asociaciones independentistas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, para quienes pide 17 años únicamente por rebelión.
Los otros ocho integrantes del gobierno juzgados reciben solicitudes de penas de 7 años para los acusados solamente de malversación y 16 para los acusados también por rebelión y que, como Junqueras, Forcadell, Sánchez y Cuixart, están en prisión preventiva.
En una causa distinta, la fiscalía también reclama 11 años de cárcel para el anterior jefe de la policía regional catalana, Josep Lluis Trapero, acusado también de rebelión.
La fiscalía acusa al anterior gobierno regional, al Parlamento y a las asociaciones separatistas de desarrollar un «plan orquestado» para «orillar la aplicación de la legalidad» para «declarar la independencia de esa parte del territorio nacional y obligar al Estado a aceptar la separación del referido territorio».
Según su escrito, «el plan secesionista contemplaba la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluía (…) la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido», asegura la fiscalía evocando la capacidad de movilización del independentismo y el control de los 17.000 agentes del cuerpo regional de policía.
Así justifica la fiscalía la controvertida acusación por rebelión, que implica la existencia de un alzamiento «violento» para obtener la independencia, algo que niegan los separatistas y también reconocidos juristas.