Tras la renuncia de Carles Puigdemont a la presidencia de Cataluña, los independentistas de esta región española deben todavía superar numerosos obstáculos para encontrar un nuevo candidato mientras su líder seguirá librando batalla a Madrid con una demanda ante las Naciones Unidas.
El jueves, el expresidente regional, destituido por el ejecutivo español tras el intento de secesión del 27 de octubre, anunció su renuncia provisional con tal de facilitar la rápida formación de un gobierno independentista.
Como sucesor, propuso al número dos de su grupo parlamentario y expresidente de la influyente asociación independentista Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), Jordi Sánchez. Pero su figura también es problemática al llevar cuatro meses encarcelado por presunta sedición.
«Esto de gobernar a tiempo parcial porque uno está fugado de la justicia o en prisión no se sostiene en pie», advirtió el portavoz del gobierno español de Mariano Rajoy, Íñigo Méndez de Vigo.
«El gobierno no lo va a consentir», añadió.
No obstante, la decisión recae en el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa contra la cúpula independentista por la fallida secesión. El magistrado puede dar un permiso excepcional al preso para acudir al Parlamento y defender su programa.
«Quién ponga trabas a Jordi Sánchez para ser investido presidente cometerá un grave error», advirtió Puigdemont en una entrevista con la radio catalana Rac1.
Tensiones internas
El nombre no fue acordado con sus aliados de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), el segundo grupo independentista en la cámara catalana, que propusieron a su líder Oriol Junqueras, también encarcelado.
Según su portavoz Sergi Sabrià, Junqueras, exvicepresidente regional, sería la opción más respetuosa con la idea que defendía Puigdemont de dar continuidad al ejecutivo catalán destituido.
En ambos casos, los independentistas se agarran al precedente de un político vasco encarcelado por pertenencia al grupo armado separatista ETA a quien se permitió salir en 1987 para defender su candidatura a la presidencia del País Vasco.
Las tensiones entre los independentistas fueron constantes en las últimas semanas, especialmente cuando el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, de ERC, aplazó a última hora la investidura prevista de Puigdemont a finales de enero.
Su elección había sido condicionada por el Tribunal Constitucional a que se entregara previamente ante el juez Llarena y este le diera permiso para presentarse.
Sin embargo, el líder independentista quería ser investido a distancia aunque después fuera suspendida, lo que chocaba con las intenciones de ERC de formar un gobierno cuanto antes y reservar un papel simbólico a Puigdemont en Bruselas.
También discrepan sobre el camino a seguir tras el fracaso de la vía unilateral, que provocó fuertes tensiones en esta región de 7,5 millones de habitantes, convulsiones económicas y la pérdida del autogobierno de la región, ahora en manos Madrid.
Mientras ERC apuesta por suavizar el conflicto, Juntos por Cataluña quiere mantener la tensión política con Rajoy y guardar un papel destacado para Puigdemont aunque oficialmente no sea presidente.
Demanda ante la ONU
Y es que el líder no quiere abandonar su lucha. «La rendición no forma parte de mi vocabulario», advertía este viernes.
Para empezar contrató al abogado Ben Emmerson, antiguo relator de derechos humanos y contraterrorismo de la ONU, para presentar una demanda contra Madrid ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En una rueda de prensa en Bélgica este viernes, Emmerson aseguró que el gobierno español violó numerosos artículos del «Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos», como el derecho de votar y ser escogido o la libertad de expresión y de opinión.
Además, anunció una acción cada mes ante instancias jurídicas internacionales hasta que «el gobierno de Madrid se convenza por fin de que debe entablar verdaderas negociaciones con la dirección del movimiento independentista catalán».
Junto a esta campaña judicial, Puigdemont pretende seguir jugando su papel en la política catalana como presidente del Consejo de la República, una especie de gobierno exterior que se coordinará con el de Barcelona y hará labores de diplomacia.
Además, también quieren fundar una asamblea de políticos independentistas para simular una estructura real de gobierno que bautizaron como «Espacio Libre de Bruselas».
«A día de hoy no sabemos cuántos presidentes tendremos», ironizó el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta.
El gobierno español, que sigue controlando las finanzas y la administración regional, advirtió que no permitirá que se destine dinero público a estas estructuras.