Familiares y empleados del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, fueron nombrados en 2016 en la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), en tanto que familiares del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien dispuso la detención del ex titular de ese gremio, Omar «Caballo» Suárez, pasaron a formar parte de la obra social sindical, publicó el diario La Nación.
Esta semana se conoció que Sandra Heredia, empleada doméstica que realizaba tareas para Triaca, fue nombrada en el SOMU con un sueldo de 28.000 pesos.
Heredia también mencionó al «hijo del jardinero de Triaca» como parte del sindicato intervenido: sería José Romano, de 23 años y contador público.
Fue empleado como «junior de contaduría y carga de facturas» desde abril de 2017, publicó el matutino.
Sergio Borsalino, el cuñado del ministro, también tiene un rol activo en el SOMU, aunque su sueldo lo paga el Ministerio de Trabajo, como asesor externo.
Roberto Porcel, abogado de confianza del ministro, también cumplió un rol clave en el sindicato: fue «director general» del gremio.
En tanto, el juez Rodolfo Canicoba Corral, responsable de la intervención judicial del gremio, avaló la designación de su cuñado y del hijastro de su amigo Guillermo Scarcella en la Obra Social del Personal Marítimo (OSPM).
Sergio Ramiro Tejada, el cuñado del juez, fue designado interventor de la obra social.
Tejada aceptó el cargo con un sueldo de 150.000 pesos por mes, según consta en el expediente.
«¿Por qué no es ético trabajar con un familiar? Lo propuso la Superintendencia de Salud. Él trabajaba ahí, es un muchacho muy formado y a mí me servía. Necesitaba a una persona de confianza para meterme en esa cueva», sostuvo el juez Canicoba Corral en declaraciones a La Nación.
Guillermo Scarcella, amigo del magistrado habría ubicado en la intervención a Gregorio «Goyo» Laulhe Harguindeguy, hijo de su exmujer y exsocia.
Otro hombre de confianza de Canicoba Corral fue designado como «colaborador adscripto» y como titular del área legal de la intervención en la OSPM.
Se trata de Santiago Blanco Bermúdez, un abogado que fue representante legal del magistrado.