La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, quien lleva adelante la investigación por la desaparición y búsqueda del ARA San Juan, mantuvo una videoconferencia con familiares de los 44 tripulantes del submarino, quienes pidieron que la nave, localizada el 17 de noviembre último en el lecho marino, sea inspeccionado por dentro y reflotado.
La magistrada escuchó las inquietudes de unos 50 allegados de los marinos, durante un contacto de más de tres horas que mantuvo con ellos en simultáneo, en conexión con las localidades bonaerenses de Mar del Plata y Lomas de Zamora, la ciudad de Salta, y la capital de La Pampa, Santa Rosa.
Según relataron a Télam al terminar el encuentro algunos de ellos, los dos principales planteos fueron que se dispongan los medios necesarios para tratar de reflotar el submarino, y que se investigue además si el casco del buque tiene algún tipo de grieta que permita examinar el interior con cámaras o dispositivos sumergibles.
El grupo más numeroso de familiares convocados se concentró en el subsuelo de la Cámara Federal de Apelaciones marplatense, donde se dispusieron dos pantallas: una de ellas, con las imágenes de la sala de audiencias de Mar del Plata, y la otra, dividida entre las otras tres localidades y Caleta Olivia.
En primer término, Yáñez detalló las medidas dispuestas para «garantizar la cadena de custodia» de las 67.000 imágenes obtenidas por la empresa Seabed Constructor durante el operativo que permitió localizar el submarino a 907 metros de profundidad, a la altura del Golfo de San Jorge.
La jueza informó que, tal como comunicó a las autoridades de la Armada y del Ministerio de Defensa en su reciente viaje a Buenos Aires, las imágenes llegarán «con tratamiento de valija diplomática» el próximo 4 de diciembre a la Argentina.
Según detalló, esa prueba será remitida directamente al juzgado y «las imágenes no van a ser difundidas ni puestas en circulación por ningún medio», en línea con el pedido realizado por los familiares.
Yáñez explicó a los presentes que los abogados de las familias tendrán acceso a todo el material incorporado a la causa, «y se les va a dar la posibilidad de presentar peritos de parte».
En cuanto a los pedidos de los familiares, Lucía Zunda, hermana del teniente de fragata Adrián Zunda Meoqui, dijo tras la videoconferencia que fue homogéneo el pedido para que se investigue «si hay grietas en el casco que permitan que se inspeccione más a fondo con cámaras en el interior».
Si bien algunos de los presentes dijeron que no estaban de acuerdo con que el buque sea reflotado, en caso de que fuera posible, desde las cuatro ciudades en comunicación con Caleta Olivia llegaron pedidos a la jueza para que esa posibilidad sea analizada.
«Yo personalmente quiero que sea reflotado. Quiero llegar a la verdad», dijo en esa línea Marcela Moyano, esposa del jefe de máquinas del San Juan, Hernán Rodríguez.
Claudio Sandoval, tío del suboficial segundo Celso Vallejos, también insistió en el reflotamiento, y aunque describió el contacto con la jueza como «bastante positivo», consideró que «hay muy pocas ganas de poder reflotarlo».
Ante estos planteos, la jueza dijo que «es necesario contar con toda la información antes de definir cualquier acción y aventurar respuestas».
La magistrada expresó además su intención de comenzar a tomar declaración testimonial «cuanto antes» a los familiares que se sientan preparados para hacerlo.
Andrea Mereles, esposa del suboficial segundo Ricardo Alfaro Rodríguez, dijo a Télam que está dispuesta a declarar «en cuanto la jueza ponga fecha y lugar».
El de hoy fue el segundo contacto de este tipo entre Yáñez y los familiares, ya que habían mantenido una videoconferencia en marzo último entre Caleta Olivia y Mar del Plata, pocos días antes de que se cumplieron los cuatro meses de la desaparición del buque.