Esteban Alvarado y los cuatro policías detenidos entre la noche del jueves y este viernes fueron imputados. Según detallaron los fiscales, al primero lo acusan de haber organizado las tres últimas balaceras que ocurrieron en domicilios relacionados con el Poder Judicial. Para llevar adelante los mismos, le fue necesario tener información de la investigación que lo tiene detenido desde noviembre del año pasado por haber planificado el asesinato de Lucio Maldonado.
Los fiscales afirmaron que Alvarado utilizó al comisario Martín Rey y su hermano, Marcelo, para poder realizarlo. Según determinaron, quiso desligarse del homicidio de Maldonado y por ello intentó hacer pasar por los ataque a integrantes de la banda de Los Monos.
De ahí a la similitud de los atentados contra sedes judiciales o relacionadas a personas del Poder Judicial, por las que habían imputado a líderes de Los Monos en otras oportunidades. Para los fiscales, gente del entorno de Alvarado produjo los ataques a balazos al Centro de Justicia Penal, a los Tribunales de calle Balcarce y el último, a la casa de una empleada técnica de la misma Unidad Fiscal de Delitos de Gravedad Institucional, que investigaba las balaceras anteriores, en Rioja al 500.
Los datos que recabaron los fiscales indican que los agentes derivaron información sobre miembros de Los Monos para que sean inculpados, además de datos para saber en qué momento perpetrar los ataques. Los policías fueron descubiertos y los mensajes y audios que intercambiaban los acusados dan la derecha a la versión de fiscalía.
Para detectar la organización, se requirieron unos cuatro meses de investigaciones que desembocaron en la audiencia de este viernes, en las que participaron los fiscales de la Unidad de Delitos de Gravedad Institucional, el Organismo de Investigaciones (OI) que conduce Marcelo Saín y diversas fuerzas policiales provinciales y federales.
Alvarado fue imputado por «amenazas coactivas calificadas con la intención de obtener una medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos, teniéndolo como instigador del mismo» y por ser «jefe de una asociación ilícita en calidad de autor».
Martín y Marcelo Rey fueron acusados de «incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado por tratarse de un delito especialmente gravado en concurso real, en calidad de autores».
Jorgelina Chaves y Pablo Báncora, «por los delitos de Incumplimiento de los deberes de funcionario público; encubrimiento agravado por tratarse de un delito especialmente grave y cohecho, y trafico de influencias agravado por ser el funcionario público integrante del Ministerio Público de la Acusación».
Mientras que Nicolás Marcelo Ocampo, por «amenazas coactivas calificadas con la intención de obtener una concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos».