La presidente interina de Bolivia había declarado "persona non grata” a dos funcionarios españoles, a quienes les dio un plazo de 72 horas para que abandonen el país. También expulsó a la embajadora de México
La presidente interina de Bolivia había declarado «persona non grata” a dos funcionarios españoles, a quienes les dio un plazo de 72 horas para que abandonen el país. También expulsó a la embajadora de México
El gobierno interino de Bolivia expulsó del país a la embajadora de México y a dos importantes diplomáticos españoles, dándoles un plazo de 72 horas para abandonar el territorio nacional, tras el aumento de las tensiones entre estos países por el refugio de ex ministros y funcionarios de Evo Morales. En respuesta, España tomó la misma medida contra tres diplomático bolivianos.
La presidente Jeanine Añez declaró persona “non grata” a la embajadora mexicana María Teresa Mercado, así como a la encargada española de negocios, Cristina Borreguero, y el cónsul Álvaro Fernández. Además, ordenó la expulsión de los cuatro encapuchados que intentaron ingresar el viernes a la residencia diplomática del país norteamericano, donde están refugiados nueve políticos del gobierno anterior.
“Este grupo de representantes de los gobiernos de México y de España ha lesionado gravemente la soberanía y la dignidad del pueblo y del gobierno constitucional de Bolivia, la conducta hostil intentando ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia de México en Bolivia desafiando a los oficiales policiales bolivianos y los propios ciudadanos son hechos que no podemos dejar pasar”, argumentó Añez en conferencia de prensa.
España, por su parte, aplicó la misma medida “en reciprocidad al gesto hostil del Gobierno interno de Bolivia”. Los diplomáticos que deberán dejar el país, también en un plazo de 72 horas, son el encargado de Negocios, Luis Quispe Condori; el agregado militar, Marcelo Vargas Barral; y el policial, Orso Fernando Oblitas Siles.
“España rechaza tajantemente cualquier insinuación sobre una supuesta voluntad de injerencia en los asuntos políticos internos de Bolivia. Para España, cualquier afirmación en este sentido constituye una calumnia dirigida a dañar nuestras relaciones bilaterales con falsas teorías conspiratorias”. señala el comunicado difundido el lunes por la tarde por el Gobierno español.
“España exige que el actual gobierno interino de Bolivia reconduzca y desescale los contenidos de sus afirmaciones y se recupere cuanto antes el buen sentido de confianza y cooperación”, agrega.
El ministro boliviano de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó el sábado que su país “abortó” un plan para sacar de la legación al ex ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, brazo de derecho de Morales desde que llegó al poder en 2006.
La cancillería de España negó de manera rotunda el sábado que la visita de su personal diplomático buscara “facilitar la salida” de funcionarios del pasado gobierno de Morales y aseguró que fue “exclusivamente de cortesía”.
En tanto, las relaciones entre Bolivia y México están deterioradas desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio asilo a Morales -ahora en Argentina- y a sus ex colaboradores. La embajada mexicana en La Paz indicó desde su cuenta en Twitter que “continúa la vigilancia sobre su residencia” y publicó fotografías y videos de policías bolivianos e incluso de drones que, según ella, están filmando el lugar. Por ello, México denunció “hostigamiento” y pidió a Bolivia cesar en sus tareas.
En la residencia diplomática mexicana, además de Quintana, están asilados la ex ministra de Culturas, Wilma Alanoca; el ex gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez; y el ex director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), Nicolás Laguna. Sobre cuatro de ellos pesa una orden de aprehensión.
Añez agregó que los lazos entre Bolivia, México y España son sólidos y serán cuidados para mantener “alianzas fuertes” entre los pueblos, pero aclaró: “No podemos tolerar el abuso y la prepotencia de sus gobernantes, que claramente tratan de encubrir y proteger a criminales que han cometido delitos de sedición, alzamiento armado y terrorismo”.