Un delegado del sindicato de conductores de taxis, un empleado de Aeropuertos Argentina 2000 y siete taxistas fueron detenidos hoy a raíz de una investigación por la «mafia de los taxis» que operan en el aeropuerto internacional de Ezeiza.
Fuentes judiciales informaron que tras un año de investigación a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, se logró detener a nueve personas acusadas de ser parte de una asociación ilícita y del delito de extorsión, ya que amedrentaban a taxistas que eran ajenos a esa área o bien les exigían el pago de un canon para poder operar con el transporte de pasajeros.
La investigación comenzó cuando varios taxistas denunciaron aprietes para poder trabajar trasladando pasajeros desde y hacia el Aeropuerto de Ezeiza Ministro Pistarini.
Ante ello, el juez Villena dispuso la intervención de Prefectura Naval, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Bonaerense para realizar tareas de inteligencia, así como también escuchas telefónicas y de seguimiento.
Incluso, por orden de Villena y para comprobar las maniobras, un policía bonaerense camuflado como chofer de taxis operó simulando ser tal durante un tiempo y fue víctima de aprietes, lo que dio lugar incluso a que más testigos se presenten a declarar en la causa.
Según las primeras averiguaciones, a los taxistas que trasladaban pasajeros desde y hacia el Aeropuerto de Ezeiza les cobraban un canon que partía desde los 300 pesos por pasajero en algunas ocasiones o más.
Tras un año de investigación, el magistrado dispuso la detención de estas nueve personas acusadas de ser parte de una asociación ilícita que extorsionaba a otros taxistas, entre ellos un delegado del sindicato de conductores de taxis que conduce José Ibarra.
Los taxistas que están bajo la mira de los investigadores integran tanto el Sindicato de Conductores de Taxis, así como el de Peones de Taxis que conduce Jorge Omar Viviani.
Uno de los detenidos es empleado de Aeropuertos Argentina 2000, que entregaba a los taxistas las tarjetas que los habilitaban a ingresar sin cargo al playón del Aeropuerto de Ezeiza para poder operar.
Tras una serie de allanamientos en oficinas de Ezeiza y domicilios particulares, se secuestraron dos armas de fuego con las que se presumían apretaban a los taxistas, documentación, dinero en efectivo producto de la recaudación, agendas y anotaciones de cómo operaba la organización.