Los jefes de los bloques que conforman el Senado y las autoridades de la Cámara alta definirán mañana si avanza el tratamiento del pedido de desafuero de la senadora y ex presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en una reunión en la que deberán ponerse de acuerdo en la interpretación del plazo de caducidad del pedido de la Justicia.
El juez federal Claudio Bonadio acusó a Cristina Kirchner de encubrimiento en el marco de la causa por el atentado a la AMIA, a raíz del Memorándum de Entendimiento firmado con Irán durante su Presidencia.
A raíz de ello, el magistrado reclamó el desafuero de la senadora del Frente para la Victoria en una nota que fue enviada al Senado el 7 de diciembre del año pasado.
El pedido tomó estado parlamentario durante la sesión del 27 de diciembre, la última de 2017, y, desde entonces, comenzaron a correr los plazos.
De acuerdo con la Ley de Inmunidades, la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta tiene sesenta días, desde el ingreso del pedido de desafuero, para emitir dictamen.
En el caso de la senadora Kirchner, ese plazo se cumplió en marzo y la comisión encabezada por el peronista catamarqueño Dalmacio Mera no debatió la cuestión y, por lo tanto, no emitió opinión al respecto.
Según la legislación, si la Comisión no se expide sobre el pedido de la justicia, la Cámara tiene 180 días, desde el ingreso del pedido de desafuero, para debatir la cuestión en el pleno del recinto. Según fuentes del interbloque Cambiemos, esos seis meses se cumplirían el jueves 7 de junio.
Por eso, el pedido de sesión especial, firmado por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; el jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff; el macrista Humberto Schiavoni y los radicales Pamela Verasay y Oscar Castillo, reclama que la cuestión sea debatida antes de ese día.
Pinedo dijo a Télam que la nota elevada a la vicepresidenta Gabriela Michetti fue hecha «ante la posibilidad de que los 180 días hábiles caduquen el siete de junio».
«El 27 de diciembre tomó estado parlamentario y recién el 22 de marzo se constituyó la comisión. Queremos definir si los 180 días que establece la ley son hábiles o corridos. Y si el pedido es perentorio», indicó Pinedo.
No obstante, el senador oficialista consideró que el plazo establecido en la legislación no implica que la Justicia deba enviar un nuevo pedido.
En caso de no arribarse en el ámbito de la comisión a una «interpretación de común acuerdo» sobre los días que deben computarse para definir el pedido del juez Bonadio, la Presidencia de la Cámara alta fijó para mañana mismo, pero a las 18, la convocatoria a una sesión especial para dirimir la cuestión.
Para lograr quórum en una eventual sesión especial, Cambiemos debería sumar otros doce legisladores a los 25 que integran el interbloque, y necesitaría los votos afirmativos de los dos tercios de los presentes para desaforar a la ex presidenta.
El peronismo, con 24 integrantes, ya avisó, cuando el pedido desafuero de Bonadío arribó al Senado, que esa instancia sólo es procedente ante una sentencia firme.
Por ello, si Cambiemos lograra quórum con 37 senadores en sus bancas al peronismo le serviría sentar a 19 de los suyos para bloquear la iniciativa.
«Hay una discusión respecto a si corresponde computar los días hábiles o los días corridos ya que la ley marca que a los 180 días de ingresar el pedido lo debe tratar el pleno. Pedimos sesión, pero también pedimos que Labor determine si se trata de días corridos o hábiles», explicó a Télam Schiavoni, el jefe de los senadores del PRO.
El representante de Misiones añadió que, si se acuerda que se trata de días hábiles, habrá más tiempo para debatir el pedido de desafuero, y aceptó que el oficialismo necesita de un acuerdo para sesionar ya que no posee quórum propio.
«No tenemos posibilidad de hacer quórum; necesitamos el concurso de los otros bloques», remarcó.
Por otro lado, desde la bancada del Frente para la Victoria, de la que forma parte Cristina Kirchner, trascendió que ninguno de sus integrantes participará de la reunión porque, según dijeron sus voceros, consideraron el pedido de desafuero y la intención de debatirlo de Cambiemos como una «una persecución política».