El antichavismo prevé reconstruir la economía de Venezuela a partir de una ayuda financiera externa de entre 60.000 y 80.000 millones de dólares, un ajuste pero «sin tarifazo» y la transferencia al sector privado de numerosas unidades productivas, afirmó el diputado Ángel Alvarado. Lo hizo al presentar anoche en Buenos Aires el Plan País, al que definió como «un acuerdo político para el rescate de Venezuela» y elaborado para el caso de que la actual oposición al chavismo acceda al gobierno pleno de su país.
Alvarado dijo que Venezuela precisa una «asistencia financiera internacional extraordinaria y masiva» para ponerse en marcha, pues actualmente tiene un producto bruto de 120.000 millones de dólares y una deuda de 180.000 millones. Postuló la «transferencia al sector privado» de cientos de empresas y tierras productivas, muchas de ellas estatizadas por el chavismo, y subrayó que puede ser posible a través de un régimen de «asociación público-privada».
«No proponemos un tarifazo pero sí ajuste, porque la situación es insostenible y la disyuntiva hoy es que las cosas son gratis y no existen, o tienen un precio y están disponibles», dijo. Sin embargo, agregó, los venezolanos tienen grandes dificultades para comprar lo que está disponible porque «la inflación es de 4% diario».
«La expropiación más grande que sufrió Venezuela con el chavismo son los salarios de 30 millones de venezolanos, porque la hiperinflación es la confiscación silenciosa del salario», remarcó Alvarado, quien representa en el parlamento al barrio caraqueño Petare, que contiene la villa de emergencia más grande de Sudamérica.
En tanto, el diputado José Manuel Olivares aseguró que «se han identificado los focos de pobreza en cada municipio del país, para garantizar la transferencia de fondos» a los más necesitados en la primera etapa del eventual gobierno poschavista. Olivares, que es médico y es uno de los 11 diputados con mandato vigente que viven en el exilio -en su caso, en Colombia-, explicó que el programa inicial para atender la emergencia social se basa en «cinco pilares».
Se trata de una campaña de vacunación masiva, el abastecimiento de insumos hospitalarios y medicamentos esenciales, el abastecimiento pleno de drogas oncológicas y materiales para radioterapia, la recuperación del equipamiento hospitalario y el regreso o la formación de capital humano. El legislador destacó que 51% de los venezolanos padece «pobreza multifuncional» y 80% sufre «inseguridad alimentaria, que significa que no saben si van a poder conseguir todos los alimentos de la canasta básica».
Asimismo, resaltó que 88% de los hospitales no tiene medicamentos, 90% no pueden dar comida a los pacientes, 79% no tienen agua potable y no funcionan 97% de los tomógrafos, 94% de los equipos de rayos X y 50% de los quirófanos, según la Encuesta Nacional de Hospitales que realiza desde 2014 la ONG Médicos por la Salud.
Por otra parte, el coordinador internacional del Plan País, el concejal también exiliado -en Panamá- Darío Ramírez, indicó que el programa «tiene más de tres años realizándose, a partir de propuestas de expertos que luego son validadas por el comité de los partidos» que tienen representación en la Asamblea Nacional (parlamento).
Ramírez precisó que el Plan tendrá cuatro fases de ejecución: en las primeras 90 horas, la «toma del control del aparato del Estado»; en los primeros 90 días, «ejecutar medidas para atacar la emergencia económica y social de corto plazo»; en las primeras 90 semanas, «implementar políticas de mediano plazo», y hacia el futuro, «reformas estructurales». Por ese motivo, subrayó, «no es un plan para el gobierno de transición solamente».
La exposición del programa, ante diplomáticos, empresarios, venezolanos residentes en la Argentina y periodistas, se efectuó en la sede de la Universidad de Belgrano y los oradores fueron presentados por la embajadora del gobierno del presidente interino Juan Guaidó en Buenos Aires, Elisa Trotta.