El desempleo llegó a un récord 14,4% en abril y más del 50% de los trabajadores son informales. En ese marco llega el Día del Trabajador a tierras brasileñas
Si se explicara con fútbol, la situación del trabajador brasileño en este 1º de mayo de 2021 sería la de un Maracanazo, como fue bautizada la derrota en el Mundial 1950 ante Uruguay, la mayor tragedia deportiva colectiva de Brasil.
El desempleo llegó a un récord 14,4% en abril, más del 50% de los trabajadores son informales y el país ha padecido, según la Central Única de Trabajadores (CUT), un desguace de derechos y prerrogativas desde 2016, año de la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff.
«No existe más la legislación protectora al trabajador y no existe más el trabajo decente como rector de la sociedad, existe el trabajo individual acordado entre el patrón y el empleado. Se ha legalizado la ‘changa’, un trabajo si protección social que vacía el sistema de jubilaciones», dijo a Télam el vicepresidente de la CUT, Vagner Freitas.
Para Freitas, la «precarización» del mercado de trabajo afecta al supuesto interés buscado por el capital, que es crear condiciones para la inversión.
«Brasil perdió la condición de ser una economía consistente y un mercado fértil porque ya no hay perspectiva de futuro ni proyecto con empleos de calidad, ya no es un país sólido que pueda atraer inversiones que busque la mano de obra de mayor calidad», explicó.
Filas de centenares de personas buscando sopa en las iglesias del centro de San Pablo, automóviles cada vez más viejos usados como Uber y las motos o bicicletas alquiladas de los entregadores de comida son algunas de las imágenes de este Brasil del segundo 1 de mayo de la pandemia.
El 59,3% de los brasileños -unos 125,6 millones- no comió la cantidad recomendada de comida en su mesa diaria desde que irrumpió la pandemia y 19 millones sufren hambre o inseguridad alimentaria grave, según un estudio del grupo de bioeconomía de la Universidad Libre de Berlín, Alemania, citado por Folha de Sao Paulo.
Para la CUT -la central más grande del país fundada en 1980 por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva-, tres factores hacen vivir el Maracanazo laboral en Brasil: el paso de la Operación Lava Jato quebrando empresas y poniendo fin a la ingeniería petrolera, la reforma laboral del Gobierno de Michel Temer y la llegada de la agenda pro-empresarial y ultraliberal de Jair Bolsonaro.
Así como el Partido de los Trabajadores -que gobernó entre 2003 y 2016- la CUT sostiene que la Operación anticorrupción Lava Jato surgida de 2014 por los desvíos de los contratos de Petrobras fue un plan de las elites y de parte del poder estadounidense para frenar el desarrollo industrial y petroquímico brasileño.
Un estudio del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (Dieese) relevó que unos 172.000 millones de reales (32.000 millones de dólares) dejaron de ser invertidos en Brasil entre 2014 y 2017 en los sectores afectados por la investigación anticorrupción.
Unos 4,4 millones de puestos de trabajo fueron perdidos con la operación y la paralización de las obras de refinerías, plataformas submarinas y construcción vinculadas a las empresas de ingeniería contratistas de Petrobras.
En línea con cálculos del FMI, Brasil perdió una inversión estimada en 3,6% del PBI entre 2014 y 2017 con la desinversión de las empresas vinculadas a Lava Jato.
En resumen, los impactos de Lava Jato -que no preservó las empresas y proyectos en marcha de la investigación-, la reforma laboral de Michel Temer y su legalización del trabajo sin vínculo, la ‘uberización’ de la economía y el modelo ultraliberal de Jair Bolsonaro, y ahora la pandemia hicieron caer a Brasil del séptimo lugar en la economía mundial en 2011 al duodécimo.
«Lava Jato fue el verdadero motivo del fin de la caída productiva de petróleo y gas, una devastación de la economía brasileña con complicidad de sectores de EEUU», denunció Freitas.
El dirigente apuntó que la reforma laboral de 2017 aprobada en el Gobierno de Temer a pedido del mercado financiero eliminó la mediación sindical de los contratos de trabajo y obligó a los empleados a pagar las costas en caso de perder los juicios laborales.
Se eliminó también el espíritu de la Consolidación de Leyes de Trabajo, el régimen instalado en 1943 por el Gobierno de Getulio Vargas
Entre el Gobierno de Temer y el de Bolsonaro, los aportes a los sindicatos se redujeron casi a cero, un duro golpe a sus finanzas ya que viven de la contribución optativa de los empleados en blanco.
La recaudación sindical cayó 80% en cuatro años.
«Bolsonaro dijo que al asumir que quería eliminar los sindicatos y los movimientos sociales. Pero no pudo eliminar el sindicalismo», afirmó Freitas y aseguró que la prioridad de este 1 de mayo debe ser «por la vida, la vacuna y la renta mínima universal».
«Apoyamos las propuestas para instituir un ingreso universal de unos 110 dólares (600 reales) mensuales para que el trabajador esté protegido y se apoye a las pymes. Sin eso, la economía no tendrá retorno», advirtió.
La propuesta incluye crear un impuesto a las grandes fortunas, a las grandes herencias y al sector financiero, pero choca con la mayor parte de empresarios y ruralistas que han ingresado al Congreso en las últimas elecciones.
Además, de cara al futuro, pidió un sindicalismo que se enfoque en los trabajadores del siglo XXI, como los microemprendedores y los trabajadores de aplicaciones, a los que calificó como «uberizados»; y esbozó una autocrítica para explicar cómo se pasó de un sindicalismo de izquierda oficialista entre 2003 y 2016 al actual Maracanazo del mundo laboral.
«Los trabajadores creían que sus conquistas de aumento salarial, jubilación estable y segura, soberanía de las empresas públicas, acceso a universidad y derecho a la electricidad en el campo serían perennes. Es necesario convencer que es diferente un gobierno a favor del patrón y que un gobierno a favor del trabajador», subrayó el defensor de una vuelta de Lula a la Presidencia en 2023.