Por Emilia Ottogalli
Doce personas compusieron un jurado popular y definieron el destino que le deparó a Daniel “Billy” Oyarzún, de 38 años. El caso, ocurrido en Zárate, provincia de Buenos Aires, se volvió muy relevante desde el comienzo. Luego de un robo en su carnicería, Oyarzún siguió a los delincuentes y atropelló a uno de ellos que perdió la vida algunas horas después en el hospital. Pero una vez que se decidió que intervendría en el caso un jurado popular, la relevancia fue aún mayor. CLG habló con una serie de entendidos en el tema para determinar cómo y por qué se tomó la decisión de involucrar civiles en la causa cuando no es algo que suele pasar en la justicia argentina.
El hecho de incorporar civiles para definir un fallo judicial genera polémicas en la sociedad y hay muchas opiniones encontradas al respecto. Los entrevistados no fueron la excepción y hubo varias posturas distintas. Si bien cada uno sostuvo sus ideas con argumentos, pueden encontrarse amplias diferencias en el aplicar o no de estas medidas en este momento particular. No por el caso específico, sino por el tipo de procedimiento y la realidad de la justicia actual.
Arturo Araujo, ex presidente del Colegio de Abogados de Rosario, consideró: «El tema tiene muchas aristas, pero la fundamental es el costo que tiene armar un tribunal por jurados, en el sentido de movilizar semejante cantidad de personas, tenerlas alojadas y separadas. Entraña un gasto considerable para la Justicia y los resultados o los aspectos positivos no los veo tan decisivos». A lo que agregó que es importante tener en cuenta que «la justicia argentina adolece de una gran cantidad de dificultades y problemas derivados de una insuficiencia presupuestaria».
«Es como la persona que se compra un auto último modelo y después no tiene para comprar la nafta», ejemplificó. «Hay otras prioridades para la Justicia antes que resolver un juicio por jurados», explicó. «Si hay presupuesto, yo lo afectaría primariamente a cubrir necesidades básicas que tiene la Justicia y que repercuten directamente en la población», opinó.
En cuanto a la falta de credibilidad del ciudadano común en los procesos judiciales, Araujo expresó: «Nosotros tenemos la imagen de la Justicia distorsionada por Comodoro Py, por la Capital Federal, en donde realmente yo creo que sí hay que echarlos a todos. A jueces, camaristas… a todos. Pero no se puede trasladar, por ejemplo, a la justicia federal local que con deficiencias en materia presupuestaria tiene jueces honestos y gente trabajadora». «Acá tenemos jueces buenos, malos, trabajadores y no tanto. También funcionarios ejemplares y otros regulares. Pero no tiene en ningún caso el calificativo negativo que tiene y que se ha ganado la justicia de Comodoro Py, para dar un ejemplo», finalizó.
Diego Giuliano, profesor universitario de Derecho Constitucional y ex concejal de Rosario, manifestó: «Yo creo en el juicio por jurado. Creo que hoy la sociedad está preparada para evaluar desde la perspectiva de un jurado un caso judicial. Ahora, obviamente el juicio jurado no es para todos los casos, sino para temas específicos. Para mí es un avance». En ese sentido, aclaró que «si bien es cierto que la Constitución de 1853 preveía el juicio por jurados, nunca fue puesto en práctica por distintas razones».
Para el ex concejal, utilizar el jurado popular en los casos correspondientes «es generar un puente entre lo que la gente opina y un poder judicial que tiene un gran componente técnico, pero que muchas veces no tiene un componente realista o sociológico que es lo que cuenta también». Y añadió: «Yo creo que ahora estamos en una crisis profunda, sobre todo de la relación del poder judicial con la gente. Me parece que esa crisis se la quiere suplir, entre otras cosas, con una intervención más directa de la población en los fallos judiciales».
«Es una buena idea. ¿Por qué no se hizo antes? Porque no hubo decisión política, porque se pensó que la población no estaba preparada para intervenir en este tipo de procedimientos y porque el poder judicial se rodeó de un elitismo que hizo que terminemos donde terminamos, donde la gente no confía tampoco en la justicia», concluyó.
Froilán Ravena, abogado penalista de Rosario, relató: «El poder judicial siempre fue muy cerrado, muy reservado a los operadores judiciales. La gente nunca tuvo practicamente acceso a las sentencias a los procesos penales. Siempre fue un poder del Estado muy cerrado. La idea del juicio por jurado siempre fue democratizar el poder judicial, darle intervención a la sociedad en los procesos penales». En ese sentido, especificó: «El juicio por jurado está previsto directamente en la Constitución Nacional. Pero siempre fue una especie de utopía constitucional. Ahí quedó siempre como un postulado sin funcionalidad práctica».
En cuanto a la regulación en Santa Fe, el abogado dijo: «Es un proyecto que tiene media sanción en Diputados. Tiene que pasar a sala doble y se tiene que reglamentar. Está avanzando, porque hace muchos años que está dando vuelta la idea de implementarlo pero no se había tratado nunca. Ahora sí se trató».
Por otra parte, Ravena fue realista a la hora de hablar sobre la aplicación de este procedimiento y comentó: «Por una cuestión de practicidad, en principio los delitos que se juzgan por jurado son los graves. Poner en práctica todo el sistema de juicio por jurado para juzgar un delito menor es impracticable». Entonces, detalló lo que esto implicaría: «Sorteo del padrón electoral para fijar un jurado popular. A esas 12 personas hay que pagarles por estar en el juicio y tienen que dejar su trabajo, garantizado por el Estado. No es tan sencillo conformarlo».
De tomas formas, consideró que el origen del juicio por jurado es acercar a la justicia y al ciudadano. «Es darle intervención a la sociedad dentro de un sistema que generalmente está muy cerrado. Darle esa posibilidad al ciudadano de participar, de tomar decisiones, de analizar, de poder juzgar un delito grave me parece que es una comunión entre la justicia y la sociedad», sostuvo.
¿Cómo funciona el juicio por jurado?
La selección del jurado se da en primera instancia de una forma aleatoria, a través de un sorteo de la lotería provincial quedaron elegidas 46 personas. Luego, una vez en el recinto judicial, tuvieron que responder una serie de preguntas para determinar su vinculación en el caso. Lo que se pretende es que esté lo más alejado posible para logar un alto grado de objetividad. Con los resultados, se seleccionaron 18 individuos. Doce de estos quedaron como el jurado titular, compuesto por seis hombres y seis mujeres. Los otros seis cumplieron el rol de suplentes, en caso de que existiera algún problema.
En Argentina, hay sólo cinco provincias en las que esta situación está regulada: Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Chaco y Neuquén. Y se aplica en aquellos casos en los que se ha cometido un delito grave: los homicidios, los delitos contra la integridad sexual con acceso carnal, los gravemente ultrajantes, los estrados dolosos cometidos por funcionarios públicos, como Cromañón, las lesiones gravísimas cometidas con armas o en situaciones de violencia de género, los apremios ilegales cometidos por miembros de fuerzas de seguridad.
Por otra parte, es importante destacar que en los juicios en que participa un jurado popular, éste define si el acusado es «culpable o inocente». En caso de ser culpable, es el juez quien determina el tiempo de la pena, considerando lo establecido por la ley. Además, si el jurado declara inocente al acusado será el final del juicio. Y el fiscal no podrá apelar esa decisión, ya que éste obra en potestad de la sociedad y fue la misma sociedad la que dio el veredicto.