El Enargas aprobó un nuevo reglamento de comercialización de gas natural para actualizar la normativa vigente desde 1997 buscando mayor competencia en el mercado mayorista
El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) aprobó oficialmente hoy un nuevo Reglamento de Comercializadores de gas natural, para adecuar la normativa vigente desde 1997 y agilizar los trámites administrativos.
A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el organismo implementó procedimientos y regímenes informativos para generar una mayor competencia en el mercado mayorista de gas natural, distinguiendo las distintas actividades realizadas por los comercializadores.
«Ante la necesidad de contar con información completa, clara y transparente relacionada con operaciones de comercialización de gas, es indispensable distinguir la actividad de comercialización de otras actividades comerciales», justificó el Enargas.
Luego, en un comunicado, la autoridad regulatoria subrayó que este nuevo Reglamento «permitirá un mejor seguimiento y control de la actividad llevada a cabo por los comercializadores, al disponer de información más precisa y transparente acerca de las operaciones y contratos que celebran con diferentes sujetos del mercado».
En esta línea, resaltó que el Reglamento «facilita la toma de decisiones de los distintos participantes del mercado, gracias a la mayor transparencia de la información y a la disminución de oportunidades para llevar a cabo comportamientos distorsivos».
Asimismo, a fin de facilitar los procedimientos, se introdujo la posibilidad de realizar el trámite de inscripción mediante la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), permitiendo así disponer de información actualizada de los comercializadores.
El nuevo procedimiento es el resultado de un proceso que incluye una instancia de consulta pública que el Enargas llevó adelante durante 2019, invitando a comercializadores, productores de gas natural, terceros interesados y al público en general a expresar sus opiniones y propuestas, «con el fin de permitir y promover una efectiva participación ciudadana en el proceso de elaboración de la nueva normativa», según el texto oficial.