Se trata de un plan federal que tendrá su prueba piloto en Buenos Aires y apunta a que los vendedores adquieran productos sin intermediarios ni costos especulativos
El gobierno nacional pondrá en marcha en octubre una distribuidora de productos de la economía popular, con el objetivo de regularizar la actividad de los vendedores ambulantes del país, atravesada por la especulación y la informalidad, y promover ese mercado como uno de los caminos de salida de la crisis, tras la pandemia de coronavirus.
Se trata de un plan federal, que tendrá su prueba piloto en Buenos Aires -todavía no está definido si será en la Ciudad de Buenos Aires o en algún punto del Conurbano-, a través de la creación de una distribuidora sin fines de lucro para que los vendedores adquieran productos sin intermediarios ni costos especulativos.
Así lo adelantó a la agencia de noticias Télam, Francisco Cubría, a cargo de la Coordinación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras en Espacio Público, conocida como Gestión TEP, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social.
«No se trata de competir con los mayoristas, sino de construir una alternativa que ponga en valor y promueva los productos de la economía popular y, para eso, será clave la comercialización y la actividad de los vendedores ambulantes», reflexionó Cubría.
La experiencia de la primera distribuidora será replicada luego en las provincias, ajustada a las realidades y necesidades locales, una vez que esté elaborado el registro de los trabajadores de la economía popular, en el que tendrán su lugar los comerciantes callejeros.
Según detalló Cubría, la regularización prevé -entre varias cuestiones- proveerles seguro y/o ART, la creación de una figura jurídica que facilite la producción y comercialización, el desarrollo de microcréditos y de guarderías para los hijos pequeños de los trabajadores, que en un gran porcentaje son mujeres.
En este esquema, además, se articularán convenios con empresas y fábricas para «evitar intermediarios entre productores y consumidores y lograr un precio más justo», un objetivo que el gobierno también quiere alcanzar con la creación de las distribuidoras populares.
Para graficar la idea, Cubría puso como ejemplo la venta de chocolates, que frecuentemente son comercializados en forma ambulante en trenes y subtes.
«Tres meses antes de su vencimiento los chocolates tienen que ser sacados de góndola y enviados al Ceamse, pero algunos transportistas venden por su cuenta esas partidas a los trabajadores ambulantes, bajo sus propias condiciones y precios, según la demanda que exista», explicó.
Con el proyecto del gobierno, en cambio, los fabricantes podrán formalizar acuerdos de comercialización directamente con los vendedores ambulantes, que «son actores fundamentales a la hora de instalar un producto» en el mercado.
«Las acciones planteadas desde la Gestión TEP están estrictamente enlazadas a las demandas que, desde hace mucho tiempo, viene planteando un sector vulnerado, dinámico y sin soluciones concretas en cuestiones básicas como un permiso para trabajar en espacios públicos», apuntó Cubría.
Además, en vista de las consecuencias que dejará la pandemia en la economía popular, desde el Estado se instrumentarán créditos económicos y en insumos, que podrán ser utilizados en las distribuidoras.
«Queremos parar esa especulación entre la oferta y la demanda y dar un ejemplo a la sociedad mostrando distribuidoras populares que sólo conservarán para ellas lo necesario para su funcionamiento, pero no les sacarán ganancias a los trabajadores», expresó el funcionario.
Según un informe de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) anterior a la irrupción del coronavirus en el país, algo más del 84% del sector no está registrado en ningún programa social y sólo entre un 3, 5% es alcanzado por el monotributo social.
El proyecto tiene una doble premisa: no sólo «regularizar a un sector que viene invisibilizado, golpeado, perseguido y estigmatizado», sino también apuntalar la producción nacional, en un esquema en el que no tendrá lugar la mercadería de «dudosa procedencia».
La actividad estará respaldada con la emisión de facturas y los trabajadores tendrán el respaldo de que la mercadería proviene del fabricante.
El carácter federal de la iniciativa estará dado por lograr «regionalizar la producción», es decir que en el futuro la economía popular pueda vender sus productos en su lugar de origen (a través de las distribuidoras provinciales) y que, así, su subsistencia no dependa de «llegar» a Buenos Aires.
«Las nuevas generaciones de la política creemos que la construcción tiene que ser un ejemplo claro de convalidación de la economía popular en el ejercicio de la política pública», concluyó Cubría.