Según las organizaciones, se concretaron unas 60 movilizaciones desde el 1 de septiembre hasta la fecha para exigir medidas públicas para prevenir la violencia machista
Jujuy vive un momento histórico, según las dirigentes feministas de la provincia, que valoraron las movilizaciones sociales que repudiaron y pidieron medidas estatales efectivas para prevenir los femicidios, un reclamo que llegó a la Legislatura cuando, en menos de 40 días, cinco mujeres fueron asesinadas .
Las multitudinarias marchas encabezadas por familiares y amistades de las víctimas «fueron la expresión de que, por primera vez, se hizo visible la responsabilidad estatal ante los femicidios», dijo a Télam la abogada Mariana Vargas de la Multisectorial de Mujeres de Jujuy.
Hubo, al menos, seis marchas en la capital, también en Palpalá, y otras simultáneas en distintas localidades jujeñas, algo inédito para esos territorios. Según organizaciones locales consultadas por esta agencia, se concretaron unas 60 movilizaciones desde el 1 de septiembre hasta hoy.
Esas concentraciones fueron impulsadas por los femicidios de Iara Rueda de 16 años y Gabriela Cruz de 24, ambas de Palpalá; de Cesia Reinaga (20), de Abra Pampa; de Roxana Mazala (31) de Perico y de Alejandra Álvarez (17) de San Salvador de Jujuy, asesinadas entre el 8 de septiembre y el 10 de octubre pasado.
En casi todas las situaciones las familias habían denunciado su desaparición «pero el Estado no las buscaba», aseguró Vargas.
Mientras la familia de Cesia Reinaga cortaba la ruta pidiendo que la busquen, apareció su cuerpo. «Se vivió el femicidio en directo. Eso cambió todo», añadió la integrante de la Multisectorial. Entonces «el hartazgo se hizo evidente, se vio plasmado en las calles, pidiendo que el Estado se haga responsable», aportó a Télam María José Álvarez Carreras, coordinadora del área de Género de la ONG Juanita Moro.
«La crueldad de los femicidios, que no las buscaran inmediatamente, que no escucharan a las familias, tiene que ver con la reacción de la comunidad», analizó.
Para la periodista Carmen Amador, editora de Género del diario El Tribuno de Jujuy «hubo un quiebre en la sociedad que rompió ese terrible pacto de silencio que ancestralmente caracterizaba a nuestros pueblos, naturalizando las desigualdades de género».
Parte de la respuesta estatal ante el reclamo social fue la creación del Comité Interinstitucional Permanente de Actuación ante la Desaparición y Extravíos de Mujeres, Niñas o Personas de la Diversidad.
El Poder Judicial cubrió los cargos de tres juzgados especializados en violencia de género para las ciudades de Perico, Humahuaca y Libertador General San Martín, una decisión que se esperaba desde 2015, cuando se sancionó la ley creando seis juzgados específicos. Desde entonces, funcionaban tres entre la capital y San Pedro. También el gobierno local anuncio modificaciones legislativas.
Lo inmediato fue la respuesta de la flamante Comisión de Género de la Legislatura, que convocó a organizaciones y familiares de las víctimas para que hagan aportes a una futura nueva normativa sobre violencia de género.
«Eso es muchísimo para Jujuy, romper el paradigma y que nos escucharan», afirmó a Télam Marina Vilte, abogada y activista por los derechos de la diversidad sexual del movimiento Ailen Chambi, desde donde acercaron propuestas a la Comisión legislativa.
Pero aclaró: «No queremos normas solo populistas y punitivistas. No queremos respuestas individualistas y privatizadoras por parte del Estado. Estamos expectantes y alertas» por lo que pase en el recinto legislativo.
Y coincidió Álvarez Carreras: «No queremos paradigma punitivista, queremos medidas integrales para que las mujeres puedan desarrollar vidas libres de violencia, con medidas de prevención y respuestas adecuadas y a tiempo, no respuestas espasmódicas».
«Estuvimos durante cuatro días hablando en la Legislatura, no pueden decir que no saben. Llegar a la Comisión de Género, que nos escucharan, es un logro que costó mucho dolor. Venimos pidiendo hace muchos años políticas integrales porque tenemos altos índices de violencia de género y femicidio, no es algo nuevo. Ahora, esto explotó, fue una olla a presión», agregó.
Por su parte, Vargas resaltó que «este es el momento histórico para saber si se va a hacer algo para frenar la violencia o no, parece que el Estado nos dice que vamos a seguir igual. La discusión es entre quienes decimos que los femicidios son evitables y el Gobierno que dice que son inevitables».
También la Multisectorial de Mujeres presentó sus propuestas a la Legislatura. «Pero los poderes Ejecutivo y Judicial no entienden. El gobernador -Gerardo Morales- le echa la culpa a los medios», aseveró la profesional.
Las referentes cuestionaron también el rol de algunos medios y la manera de tratar los femicidios. Como periodista, Amador contó a Télam que «el dolor de la comunidad interpeló a los medios de comunicación que en su mayoría acompañaron el reclamo y amplificaron las voces de la familias y muchos otros se vieron obligados a replantear el abordaje de las noticias y dejar de lado la espectacularización y los detalles morbosos de las muertes para comenzar a mirar la problemática como un fenómeno social, político y cultural».
Las mujeres asesinadas por femicidas impactaron a la sociedad jujeña, como tantas veces en la historia argentina, para generar cambios y compromisos reales que eviten la normalización de la violencia contra las mujeres y los femicidios. «Nos están matando, es una pandemia ancestral», definió Vilte, epidemia evitable y que busca respuestas urgentes.
Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463.