Organizaciones de Derechos Humanos, activistas ambientalistas, y la Confederación Mapuche de Neuquén presentaron ayer en fiscalía una denuncia para que se investiguen las responsabilidades penales que les puede caber por el derrame en el yacimiento Bandurria Sur, tanto a las autoridades políticas como a los empresarios.
El jueves 18 de octubre, a la medianoche, dicho derrame, afectó 45 hectáreas, según precisó la subsecretaría de Ambiente de la provincia, y se extendió por 36 horas consecutivas.
Nahuel Werken de la Confederación dijo que: “No es el primero (el derrame), no es el último, porque tiene que ver con una lógica de esta industria del fracking que no tiene ninguna garantía, ninguna seguridad, que está probado que no te puede garantizar la seguridad y menos todavía la salud del ambiente, porque por esa razón ha sido prohibida en numerosos países”. Además agregó que: “acá hay un testigo pasivo que es la justicia. Por eso nos entrevistamos con Gerez (fiscal general) que debería estar actuando de oficio ante semejante desastre ecológico y ambiental. No vemos de parte de la justicia un accionar a la altura de las necesidades y la urgencia, al contrario, lo que anunció el jefe de fiscales hace diez días atrás es un blindaje jurídico a la industria y eso implica que acá lo que se prioriza es la explotación sin control.”
También el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, se expresó y dijo “lo que ocurrió, el desastre del derrame petrolero, configura un delito que está en la ley de residuos peligrosos. Eso para las empresas. Y también vamos a pedir que se investigue si se configuraron los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público de las máximas autoridades ambientales de la provincia”.
Desde el ministerio público fiscal se informó que la semana pasada se inició una investigación de oficio, que está a cargo del fiscal jefe Pablo Vignaroli.