El relevamiento contiene un diagnóstico de la situación de las personas privadas de libertad en el país
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) presentará el martes próximo ante la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo del Congreso su Informe Anual 2020, en el que se advierte que «es indispensable realizar una modificación integral de la política criminal del Estado».
El relevamiento contiene un diagnóstico de la situación de las personas privadas de libertad en el país y una evaluación del cumplimiento de las obligaciones estatales en esta materia en el período comprendido entre mayo del 2019 y el mismo mes de este año.
El informe será presentado ante la comisión bicameral del Congreso el próximo martes a las 11, según informó el Comité en un comunicado. Según indica el relevamiento, «la cantidad de personas privadas de la libertad está en constante crecimiento desde hace más de una década, con su consecuente impacto en la sobrepoblación y hacinamiento».
Eso se tradujo, agrega el informe, en «un fuerte incremento de la utilización de comisarías y otras dependencias policiales para la detención prolongada de personas en violación de los más elementales principios y estándares internacionales sobre la utilización de la coerción estatal».
En tanto, se registró que «las penas efectivamente impuestas a las personas condenadas no hacen más que crecer año a año lo que asociado a las restricciones normativas y prácticas al régimen de progresividad de las penas y el continuo abuso de la prisión preventiva, redunda en definitiva en una cada vez mayor expansión del sistema penal».
Además, el Comité refrenda las conclusiones que expuso en su Informe Anual 2019 «sobre colectivos especialmente vulnerables, como las mujeres cis y trans, niños, niñas y adolescentes, y personas con padecimientos mentales» al tiempo que «lamenta que no se hayan registrado avances en el período comprendido en este informe sobre la vulneración especialmente diferenciada de sus derechos».
El Comité que confeccionó el informe está integrado por Rocío Alconada Alfonsín, María Laura Leguizamón y Juan Manuel Irrazábal, como representantes de la Cámara de Senadores de la Nación; Diana Conti y Alex Ziegler, en representación de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación; Josefina Ignacio, Diego Lavado y Gustavo Palmieri como referentes de organizaciones no gubernamentales; Alejandro Armoa y Ricardo Nioi (representantes de los Mecanismos Locales); y Francisco Mugnolo, Procurador Penitenciario de la Nación.
Los resultados serán presentados por provincias a la autoridad competente y ante el Poder Ejecutivo Nacional, los consejos federales de Derechos Humanos, Penitenciario, de Seguridad Interior y Niñez, entre otras autoridades.