POR CARLOS DUCLOS
El tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto de despenalización del aborto, que más tarde o más temprano será literalmente “abortado” porque es claramente anticonstitucional, y se verá por qué, ha corrido el velo y permitió conocer a algunas personas y testimonios de vida y preservar la esperanza de que aun en la diversidad ideológica se puede construir un andamiaje político que tenga especialmente en consideración el bien del ser humano. Es decir, una estructura política ausente en nuestro país desde hace tiempo.
El debate sobre la despenalización del aborto posibilitó que la ciudadanía conociera el valor, coherencia, coraje y defensa de principios de legisladores santafesinos tales como Luis Contigiani, del Frente Progresista y de Silvina Frana, del Frente para la Victoria, cuyas exposiciones fueron impecables en torno de la defensa de la vida.
También se conoció la ausencia de compromiso, la abdicación, la renuncia a la defensa de la vida por el mero sostenimiento de una estructura política falsa de no pocos legisladores. Uno de ellos es la señora Carrió quien, defensora de la vida y personaje de Santo Rosario en mano y públicamente, se abstuvo de defender como correspondía los principios que dice sostener, en favor de la preservación de la vida de Cambiemos. Porque la vida de Cambiemos, para Carrió, es más importante que la vida de miles de inocentes e indefensos ¡Gran hipocresía!
El proyecto de despenalización del aborto, cuyo debate fue propiciado por Cambiemos, y seguramente impuesto por organismos internacionales dadores de créditos que ponen como condiciones para darlos políticas de controles a la natalidad, (porque hay que contener en el mundo la multiplicación de pobres mediante el freno a la vida, pero nunca mediante la erradicación de la pobreza) ha servido también para poner en evidencia que ciertas derechas e izquierdas se encuentran en un punto y al fin y al cabo son dos caras de una misma moneda.
Y por los demás, el proyecto ha servido para conocer la mediocridad de muchos legisladores, cuyas exposiciones fueron patéticas y para ratificar que el Congreso de la Nación acepta hoy el tratamiento de cualquier cosa que incluso viola el rango de la Carta Fundamental de una Patria herida de muerte, una Patria a punto de ser abortada. Abortada no solo por este proyecto, sino por la injusticia social a la que ha sido sometida; la degradación de valores fundamentales; la matanza sistemática de la educación; la expoliación mediante el cobro de impuestos y servicios carísimos mal prestados, de la que son víctimas millones de personas; el narcotráfico y delito y, en fin, una serie de aberraciones que atentan contra la paz interior del ser humano y la paz social, sin que a la corporación política le importe un bledo.
Lo del Congreso y el gobierno nacional es bochornoso, porque se han prestado al tratamiento de un proyecto que, como se dijo, es anticonstitucional y que seguramente con el tiempo llegará no solo a la Corte de la Nación, sino a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ¿por qué?
Porque nuestro país, en el mes de agosto-septiembre del año 1984, ratificó su adhesión a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y le dio a ese pacto (Pacto de San José de Costa Rica) el rango de constitucional, de modo que está por sobre cualquier ley.
Y tal acuerdo en el Capítulo II sobre Derechos Civiles y Políticos tiene en su artículo 4 lo que se llama “Derecho a la Vida” en el que dice textualmente: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. El derecho a la vida, por una lógica deducción, lo tiene cualquier ser, en este caso persona, y por lo que sostiene la Convención se es persona desde el momento de la concepción.
En el artículo 19 de la Convención, sobre Derechos del Niño (y una persona no nacida es niño según se ha visto) se establece: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”
Por otra parte, y como se expresó más arriba, nuestro país adhirió a esta Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, fue incorporada a nuestra Constitución en el año 1.994 (artículo 75) y, por si fuera poco, ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Giroldi, Horacio David y otro.
Para más datos, obsérvese que durante el gobierno de Cristina Kirchner, exactamente en el mes de junio del año 2015, Argentina volvió a ratificar el tratado, en este caso al hacer extensivo el respeto a los derechos de los adultos mayores, derechos que, por supuesto, en nuestro país no se respetan (verbigracia sueldos de muchos jubilados, por ejemplo y paradojalmente).
Y en este tren, el gobierno de Macri, con su firma, el del ministro de Justicia Garavano y el del secretario de Derechos Humanos Avruj, publicó (y reconoció tácitamente) todo el tratado como puede observarse en el siguiente link al que el lector puede ingresar. Esto fue en el año 2016.
De modo tal que, vaya a saberse por cuáles compromisos el gobierno de Cambiemos y la oposición se han prestado a tratar un tema sospechado al menos de ser constitucional y sobre el cual el propio presidente Macri y la ex presidenta Fernández de Kirchner se manifestaron oportunamente (a favor de la vida) ¿Habrán cambiado de opinión? ¿Por qué?