Tras la media sanción al proyecto de protección social para las personas con discapacidad, referentes de Apridis y Atraes destacaron que se incorporaron reclamos del sector
Las instituciones que trabajan con personas con discapacidad en Santa Fe valoraron los cambios incorporados al proyecto de protección social que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, aunque advirtieron que todavía quedan importantes desafíos para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos y la continuidad de las prestaciones.
Mariel Chapero, presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones que trabajan con Personas con Discapacidad (Apridis), destacó el trabajo de las organizaciones para modificar aspectos del texto original impulsado por el Gobierno nacional. De todos modos, pidió cautela frente a los próximos pasos legislativos y a las restricciones presupuestarias que podrían afectar al sector.
“Nos queda un largo camino”, sostuvo Chapero, al señalar que el avance parlamentario representa un paso importante, pero no resuelve por sí solo las dificultades que atraviesan las personas con discapacidad y las instituciones que las acompañan.
La dirigente recordó que el proyecto original contenía puntos que consideraban perjudiciales tanto para las personas con discapacidad como para el sector prestacional. Frente a ese escenario, las organizaciones desplegaron distintas acciones para reclamar modificaciones y evitar retrocesos en materia de derechos.
“Lo presentado en primera medida por el Gobierno nacional tenía una serie de graves puntos que atentaban contra las personas con discapacidad y contra el sector prestacional. Desde ese momento venimos sosteniendo una lucha incansable para interpelar los puntos que habían sido contemplados en ese proyecto”, afirmó.
Chapero también remarcó que las instituciones reclamaron que no se avance con medidas regresivas en materia de derechos humanos y cuestionaron la falta de acompañamiento legislativo en instancias previas de debate sobre la emergencia en discapacidad.
“Gracias a ese trabajo de interpelación hemos logrado introducir varios cambios en ese proyecto de ley que resguardan los derechos de las personas con discapacidad, contemplan sus necesidades y protegen al sector prestacional”, señaló.
Atraes destacó los cambios, pero reclamó fondos para garantizar su cumplimiento
En la misma línea se expresó Pablo Bolego, presidente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes), quien analizó la votación durante una entrevista en LT3 Rosario.
“En líneas generales el sector está de acuerdo con lo votado”, afirmó, al explicar que las organizaciones trabajaron para incorporar al proyecto los principales puntos que venían reclamando en el marco de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Según explicó, hasta último momento las entidades sostenían la necesidad de prorrogar esa normativa porque no encontraban garantías suficientes de que la propuesta original asegurara la accesibilidad, los servicios y las subvenciones necesarias para sostener las prestaciones.
El trabajo con legisladores oficialistas y aliados permitió introducir modificaciones que, de acuerdo con Bolego, respondieron a buena parte de los planteos del sector. El dirigente destacó el esfuerzo realizado por las organizaciones a través de reuniones, asesoramiento jurídico, asambleas, acciones en las calles, difusión en redes y presentaciones públicas.
No obstante, cuestionó el tiempo que demandó la negociación y advirtió que el avance legislativo deberá traducirse en medidas concretas. Para eso, consideró fundamental que el Senado acompañe la iniciativa y que el Presupuesto nacional de 2027 contemple las partidas necesarias.
La preocupación por el presupuesto y las leyes que no se cumplen
Tanto desde Apridis como desde Atraes coincidieron en que la aprobación parlamentaria no alcanza si después no existen recursos suficientes para implementar las medidas.
Chapero manifestó su preocupación por el ajuste previsto en el presupuesto del próximo año y recordó que hay leyes vigentes cuyo cumplimiento, según planteó, no está garantizado.
“Sabemos que tenemos leyes que no se cumplen, como la Ley de Emergencia y la Ley de Financiamiento Universitario”, advirtió. Pese a las reservas, consideró que avanzar hacia consensos que permitan establecer instrumentos legales para proteger los derechos de las personas con discapacidad constituye un paso significativo.
Por su parte, Bolego sostuvo que las organizaciones deberán continuar siguiendo de cerca el tratamiento legislativo y mantener el diálogo con representantes de todo el país. También señaló que, aunque el Gobierno y sus legisladores deben ser cuestionados cuando sus decisiones perjudican al sector, corresponde reconocer los avances cuando se incorporan los reclamos de las instituciones.
El dirigente planteó, además, que sería contradictorio que el Poder Ejecutivo rechazara una iniciativa que logró reunir consensos, aunque manifestó sus dudas frente al rumbo de las decisiones del Gobierno nacional.
“Se haya quitado la palabra emergencia o no, de la emergencia se sale con políticas públicas favorables para todo este colectivo”, sostuvo.
Con la media sanción ya obtenida, las organizaciones santafesinas esperan que el Senado avance con el proyecto. Pero el reclamo va más allá de la aprobación formal: insisten en que los derechos reconocidos deben contar con financiamiento, controles y políticas públicas que permitan sostener los servicios y garantizar la atención de las personas con discapacidad.