El ex ministro de Transporte de la gestión de Mauricio Macri rechazó el procesamiento que le dictó el juez federal Rodolfo Canicoba Corral en causa por peajes
El ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich rechazó hoy el procesamiento que le dictó el juez federal Rodolfo Canicoba Corral en la causa por los peajes y afirmó que durante la gestión de Mauricio Macri no se robó y se hizo «todo con transparencia».
«Todo lo que hicimos fue legal, es una causa totalmente política, donde lamentablemente lo que busca un sector del kirchnerismo es instalar que somos todos iguales, como esos bolsos, esos dólares, esos barcos, que no se pueden ocultar», subrayó Dietrich.
Según dijo, con su procesamiento y el de otros ex funcionarios macristas lo que intenta el oficialismo es «convencer a la sociedad de que» todos los políticos «son iguales».
«Terminamos de cerrar un problema enorme que empezó el kirchnerismo», señaló el ex funcionario en declaraciones al canal A24.
Dietrich dijo que en «la Autopista del Sol la familia Macri tenía un porcentaje muy chico de acciones, que había vendido un año antes» de la negociación.
«Las acciones de esta empresa aumentaron siete veces más en el gobierno de Cristina Kirchner que en el de Macri», resaltó el ex ministro de Transporte, que se quejó porque Canicoba Corral no le permitió «acceso a las pruebas».
«No robamos, hicimos todo con transparencia», enfatizó Dietrich, y cuestionó la «parcialidad que ha tenido el juez en este caso», que «realmente es increíble».
El ex ministro fue procesado este lunes por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y le trabaron un embargo por 500 millones de pesos.
Este nuevo procesamiento se sumó al que resolvió días atrás sobre el ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel y al ex Procurador del Tesoro durante el macrismo Bernardo Saravia Frías, a quienes también fijó embargos a cada uno de 500 millones de pesos.
La denuncia tuvo origen en la investigación que hicieron los diputados Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau, donde acusaron no sólo por las irregularidades de los contratos que tenían vencimiento en 2030, sino también por el pago de casi 500 millones de dólares por supuestas inversiones no amortizadas y la venta de acciones que Mauricio Macri tenía en la empresa Ausol a la firma Natal Inversiones.