El BID aportará US$ 350.000 no reembolsables en el período 2021-23, de los cuales US$ 150.000 se destinarán a los análisis sobre el ingreso básico.
El Ministerio de Desarrollo Social iniciará análisis técnicos sobre la eventual implementación, en el mediano plazo, de un programa de ingreso básico, en el marco de sus Políticas de Protección Social a Poblaciones Vulnerables.
Los estudios al respecto se sustentarán en una cooperación técnica aprobada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y abordarán, entre otros aspectos, el costo fiscal y las fuentes de financiamiento de ese potencial programa, informó el organismo multilateral en su página web.
El BID aportará US$ 350.000 no reembolsables en el período 2021-23, de los cuales US$ 150.000 se destinarán a los análisis sobre el ingreso básico.
El estudio buscará identificar brechas y duplicaciones entre programas; dimensionar la población objetivo; alternativas de focalización; prestaciones y servicios; reglas de egreso y permanencia de las personas en situación de vulnerabilidad.
Otra parte de los recursos aportados por el Banco (US$ 200.000) financiará actividades de implementación y mantenimiento del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP).
También se respaldarán acciones orientadas a regularizar la actividad y proveer mayor protección a trabajadores y emprendimientos informales.
«Se podrán financiar estudios normativos que analicen los cambios regulatorios necesarios para la implementación de esta herramienta; análisis de los procesos operativos involucrados en la gestión del registro; y aspectos vinculados a los sistemas informáticos y analíticos», precisó el BID.
Al justificar la cooperación técnica, el organismo señaló que el avance del Covid-19 y las medidas implementadas para su contención «tuvieron un impacto significativo en el mercado laboral, profundizando la recesión económica que el país enfrenta desde 2018».
Los grupos más pobres, en gran parte informales, agregó, «son los más afectados ya que dependen de actividades laborales para sustentar su consumo».
El BID recordó que más de 11 millones de personas se registraron para recibir el IFE y consideró que esa información, y otras adicionales, podrían utilizarse «para analizar, diseñar e implementar modificaciones en el sistema de protección social que facilitaran la introducción de un ingreso básico vinculado a la capacitación, orientado a proteger los ingresos de la población vulnerable».
Por otra parte, la documentación del Banco recordó que el Gobierno unificó los dos principales programas de apoyo al empleo, Hacemos Futuro y Salario Social Complementario, en una única iniciativa: el Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo (PT).
Con 550.000 titulares, el programa busca contribuir al mejoramiento de la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas, a través de la terminalidad educativa, la formación laboral y la certificación de competencias.
Potenciar Trabajo también apunta además a la creación, promoción y fortalecimiento de unidades productivas gestionadas por personas que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad social y económica.
En ese marco se lanzó el ReNaTEP, al cual deben inscribirse los titulares del Potenciar Trabajo, a fin de promover acciones para la progresiva regularización de su actividad.
«Esta herramienta permitirá la construcción del perfil laboral actualizado de los trabajadores y la articulación de un conjunto de servicios destinados a mejorar la trayectoria laboral y los niveles de protección», concluyó el BID.