El diputado provincial analizó las últimas noticias conocidas en torno a la compañía y pidió defender los 4.500 puestos de trabajo que dependen de la agroexportadora
El diputado provincial analizó las últimas noticias conocidas en torno a la compañía y pidió defender los 4.500 puestos de trabajo que dependen de la agroexportadora
Por Matías Gregorio
La situación de la firma Vicentín se convirtió en uno de los temas más resonantes en el comienzo del 2020, sobre todo por los distintos contrapuntos que han surgido desde que solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores a dos meses de haber declarado el default. La empresa agroexportadora más importante de la provincia y la segunda del país debe unos 1.350 millones de dólares, de los cuáles $18.000 millones fueron prestados por el Banco Nación (BNA), una situación que ya investiga la Justicia y por la que fue imputado el ex titular de la entidad durante la presidencia de Mauricio Macri, Javier González Fraga. En el medio de la disputa, 4.500 trabajadores piden que se garantice la continuidad de sus puestos de trabajo. El diputado provincial Carlos del Frade, uno de los que más sigue de cerca el conflicto, brindó su análisis en diálogo con CLG.
El martes pasado, Del Frade viajó hasta Avellaneda, la ciudad del norte santafesino donde tuvo su origen la empresa y en la cual tiene una fuerte presencia tanto en la vida económica como política y social. Allí se reunió con un grupo de trabajadores, vecinos y militantes de organizaciones sociales y políticas para analizar la crítica situación que vive la comunidad por la crisis de Vicentín.
«Están en juego más de cuatro mil puestos laborales directos que la firma tiene entre Avellaneda, Reconquista y San Lorenzo, y los trabajadores exigen saber si seguirán trabajando a partir de marzo», sostuvo el legislador del Frente Social y Popular, y agregó que «la angustia tiene que ser resuelta, por lo que le vamos a pedir a la Comisión de Asuntos Laborales de la empresa que le den respuestas a los trabajadores».
En el marco del encuentro, distintas organizaciones sociales manifestaron la voluntad de conformar una multisectorial en defensa de las fuentes laborales que incluya a todos los sectores políticos y sociales. «Creemos que es lo que tiene que surgir porque esto es un tema político, no económico-financiero-empresarial como se quiere imponer. Tiene que empezar a hablar el sujeto realmente productor de la riqueza que son los trabajadores acompañados por los distintos sectores políticos y sociales», expresó del Frade.
Días atrás, el diputado provincial presentó en la Legislatura un proyecto en el que propuso la estatización parcial o total de la cerealera con la intención de que el Banco Nación logre cobrar la deuda por $18.000 millones y se preserven las fuentes de trabajo. La idea incluso no fue descartada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández.
Del Frade explicó que la iniciativa «tiene que tener seguimiento del Congreso Nacional», dado no se puede concretar desde la provincia. Aún así, comentó que «hay varios proyectos que se están presentando en el Congreso que van en ese sentido, y que abren la discusión real por un tema de fondo que es quién maneja el comercio exterior en la Argentina y quién le da la orientación, si son las multinacionales, las empresas transnacionalizadas o el Estado nacional respondiendo a los intereses del pueblo». «Es la gran discusión pendiente, como también la cuestión del sistema bancario en la Argentina: o seguimos con un sistema que hace que el dinero de los argentinos no sea nunca de los argentinos o empezamos a pensar un sistema distinto», remarcó el diputado que renovó su banca por otros cuatro años en las últimas elecciones legislativas.
Los distintos frentes políticos de la provincia se mostraron alineados con Del Frade: «El miércoles pasado en la primera reunión que tuvo la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados pusimos el tema Vicentín sobre la mesa y dijimos que para nosotros era fundamental preservar los 4.500 puestos de trabajo en toda la provincia. Todos los sectores políticos con representación nos dieron la razón, así que estamos viendo la posibilidad de tener una reunión con la dirección de Vicentín para traer información y trasladársela a los trabajadores. Además, seguramente surgirá la necesidad de hablar con la Justicia. Tenemos que ser la voz política de la necesidad de saber que tiene la gente trabajadora de Vicentín y también los productores chicos y mediados a los que Vicentín les quedó debiendo dinero», esbozó el entrevistado.
«Las 100 empresas más grandes de la Argentina siempre realizaron este tipo de maniobras, desde la dictadura hasta estos tiempos. Le endosaron la deuda privada al Estado, crecieron con el Estado y ganaron a partir del Estado. Los grandes partidos políticos, salvo honrosas excepciones, se han subordinado ante el gran poder económico y ese es un gran problema que tenemos porque han convertido al Estado en una especie de socio bobo. Alguna vez se tiene que terminar esto, y probablemente la gran ocasión sea tratar de expropiar y estatizar Vicentín para que sea administrado por los trabajadores y por los extraordinarios técnicos y economistas que emergen de las universidades públicas argentinas», manifestó el periodista de investigación.
Por otra parte, frente al pedido que hizo la firma sobre la apertura del concurso preventivo de crisis a dos meses de haber declarado el default, la Bolsa de Comercio de Rosario decidió suspender a Vicentín para operar en el Mercado Físico de Granos. Para Del Frade, «se trata de maniobras empresariales». Y fundamentó: «Me llama la atención y parece que nos toman el pelo a todos porque durante años Alberto Padoan (uno de los propietarios de la empresa) fue el titular de la entidad y pudieron haber abierto los ojos antes, no estaban ciegos, por lo tanto en todo caso miraron para otro lado y son tan responsables como Vicentín de lo que está pasando».
El diputado afirmó que las últimas acciones de la compañía «tienen más de delictivo que de buscar justicia». «Vicentín ha entrado en la fase del lave lavado de dinero con la deuda que tiene con el Banco Nación, en donde queda claro que el banco de todos fue utilizado al servicio de la fiesta de unos pocos», disparó.
De los rumores al default
La crisis de Vicentín se profundizó cuando ingresó a los Tribunales de Rosario el primer pedido de quiebra realizada por Gagliardo Agrícola Ganadera SA, del grupo Obring, luego de que días antes una decena de empresas corredoras también presentara distintas medidas cautelares en la Justicia rosarina para exigir el pago de sus deudas, una vez finalizada la feria judicial.
La compañía anunció que no podía hacer frente a sus obligaciones y pidió la apertura del concurso preventivo de crisis ante el juzgado de primera instancia distrito Nº 4 en lo Civil y Comercial segunda nominación de la ciudad de Reconquista, a cargo del el juez en lo civil y comercial Fabián Silvano Lorenzini. Frente a esta situación, la Bolsa de Comercio de Rosario decidió suspender a Vicentín -la sexta mayor exportadora de soja y derivados de la Argentina- para operar en el Mercado Físico de Granos.
Ante la envergadura del concurso, representantes legales de empresas damnificadas por Vicentín reclamaron a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que el concurso no se tramite en Reconquista donde los propietarios de la empresa tienen estrechos vínculos con distintos referentes políticos y sociales y que pase a Rosario donde tienen sede la mayoría de los acreedores. Hasta el momento, el máximo tribunal santafesino no se expidió al respecto.
La cesación de pagos de la agroexportadora arrastró a varias empresas corredoras como el caso de Guardati Torti, que hace pocos días entró en default. Y en el mercado aseguran que no será la única que sentirá el coletazo de esta crisis.
El autodenominado «estrés financiero» de la empresa anunciado a principios de diciembre de 2019 dejó al descubierto una «maniobra fraudulenta» con el Banco Nación durante la gestión de Javier González Fraga, en el gobierno de Mauricio Macri, tal como denunció el actual director de la entidad, el economista Claudio Lozano.
«La compañía no hizo más que expandir su facturación entre 2015 y 2018», indicó Lozano. Según sus cálculos, la deuda de Vicentín en el mercado argentino representa el 20 por ciento de la facturación que tuvo en el año 2018 y dentro de eso, los $18 mil millones que le adeuda al Nación son sólo el 15 por ciento de ese nivel de ingresos. «No parece ser un caso de estrés financiero. El peso de las deudas sobre ventas en muchas otras empresas supera ampliamente sus ventas», dijo Lozano.
Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, en el año 2018 Vicentín ocupó el sexto puesto entre los principales exportadores de soja y sus derivados (harinas y aceites), con 6,5 millones de toneladas en conjunto. El año pasado, facturó $118 mil millones.
A partir de estos datos, el fiscal federal Gerardo Pollicita imputó este viernes a Javier González Fraga, el último presidente del Banco Nación durante el macrismo, y a Alberto Padoán y Gustavo Nardelli, quienes encabezan la firma Vicentin, en la causa en la que se investiga si las autoridades de la principal entidad bancaria estatal cometieron un delito cuando le permitieron a la cerealera acumular una deuda $18.000 millones en contra de las normativas que rigen el funcionamiento del banco.
El fiscal pidió varias medidas de prueba al juez Julián Ercolini quien tiene a su cargo la investigación. Pollicita pidió que tanto Lozano como Eduardo Hecker, actual presidente del Banco Nación, declaren como testigos. Ambos deben aportar la documentación del Banco sobre el Caso Vicentin.
La cerealera fue la principal aportante para la campaña de Juntos por el Cambio en las elecciones del año pasado, con un total aproximado de $13,5 millones.
