El ex militar Martín Eduardo Sánchez Zinny, acusado por violaciones a los derechos humanos, había denunciado por falso testimonio a una periodista
La Cámara Federal de Casación Penal declaró «inadmisible» un recurso de un ex carapintada para llegar hasta la Corte Suprema de Justicia con una causa contra una víctima de la última dictadura.
El ex militar Martín Eduardo Sánchez Zinny, acusado por violaciones a los derechos humanos, denunció por falso testimonio a la periodista Bárbara García, hermana del también trabajador de prensa Camilo García e hija de la desaparecida Rocío Ángela Martínez Borbolla.
Sánchez Zinny, que participó en los alzamientos carapintadas de fines de los 80 y principios de los 90, denunció que García lo había incriminado falsamente al reconocerlo como uno de los que irrumpió en su casa para llevarse a su madre y a Pedro Oscar Martucci. Bárbara García tenía por entonces ocho años.
En el marco de otra investigación por delitos de lesa humanidad, Bárbara García reconoció la fotografía de Sánchez Zinny, que estaba detenido por los secuestros de 37 opositores a la última dictadura, entre ellos María Cristina Cournou, hermana del cantante Víctor Heredia.
El ex militar, por intermedio de su abogado Ricardo Saint Jean (pariente de Ibérico Saint Jean, gobernador bonaerense de facto), denunció a la periodista por «falso testimonio agravado», con una pena en expectativa de hasta 10 años de cárcel.
Pero la imputación fue rechazada en todas las instancias, incluso por la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país.
Sánchez Zinny intentó llegar hasta la Corte con un «recurso extraordinario», pero los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani le cerraron el camino.
«La parte recurrente ha sustentado su impugnación en agravios que han tenido adecuada respuesta en esta instancia y en meros juicios discrepantes con el criterio adoptado», explicaron al rechazar la apelación.
«Es menester que se demuestren defectos graves en la decisión recurrida, que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido, lo cual el impugnante no ha conseguido acreditar en autos», abundaron.
A Sánchez Zinny le queda como única posibilidad de llegar hasta la Corte la presentación de un recurso de queja, pero no se trata de un trámite gratuito: debería pagar 100 mil pesos y, en caso de que el máximo tribunal lo desestime, perdería ese dinero.