La propuesta surgió en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus, que acrecentó la violencia de género
Ante la emergencia sanitaria en Rosario, el Comité Feminista propuso una serie de medidas para reducir los riesgos que supone el aislamiento social obligatorio vigente por el nuevo coronavirus para menores y adolescentes, mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binaries.
La propuesta surgió en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio por la Covid-19 y ante la preocupación creciente sobre las posibilidades reales de acceso a derechos referidos a violencia de género de un sector importante de la población.
Mediante Ordenanza Municipal 8956/12, se declaró la Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género y se creó la Comisión permanente de asesoramiento y seguimiento vinculante a la Emergencia Pública en Violencia de Género.
El Comité Feminista informó a Télam que es “fundamental reactivar el funcionamiento de esa comisión y la participación de organizaciones feministas y de la diversidad, integrando a las áreas de desarrollo, salud, y seguridad para motorizar diferentes acciones”.
Entre esas medidas, propuso “un mapeo territorial de las organizaciones, un recursero unificado, recursos de folletería y cartelería para llegar a los territorios achicando las brechas de acceso a la información agudizada por la emergencia sanitaria”.
Además, “impulsar la conformación de un cuerpo de promotoras que las organizaciones sociales venimos desarrollando en el territorio como también mediante proyecto de ordenanza en el concejo”.
“Las organizaciones sociales somos quienes acompañamos a las mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binaries a radicar las denuncias”, expresó el Comité Feminista.
Y remarcó: “Comprendemos que las seccionales de policías y comisarías se presentan para las víctimas como lugares hostiles por su carencia de cuidado y contención”.
La organización considera además “necesaria” la reapertura de los Centros Territoriales de Denuncias “como dispositivo de denuncias y para el acceso a la justicia de las mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binaries”.
Por último señaló que “en esta nueva etapa la formación de las fuerzas de seguridad debe tener un marco de perspectiva de género, porque así lo establece la Ley Micaela y en ese sentido exigimos desde los feminismos su implementación”.