Por Héctor Olivares (*)
La Constitución riojana toma como primer mandato de un dirigente el que lleve a cabo como gobernador o como vicegobernador. Sergio Casas fue compañero de fórmula de Beder Herrera y luego lo sucedió en el cargo. Como está impedido, acompañado por un grupo de amanuenses, se propuso corromper carta magna local.
La convocatoria a la consulta popular está viciada de nulidad y de procedimiento, el llamado a la sesión extraordinaria, para aprobar la enmienda, fue hecho por la vicepresidenta 1ra. de la Legislatura provincial Adriana Olima, quien fue denunciada por usurpación de títulos y abuso de autoridad.
La fecha elegida para la consulta popular, también fue inconstitucional ya que debía tener lugar en oportunidad de la primera elección general que se realice.
Frente a esta situación nos presentamos ante la Corte Suprema de Justicia para impedir que la Constitución de La Rioja sea un traje a medida de los gobernantes.
El tribunal determinó, por mayoría, con la disidencia del doctor Carlos Rosenkrantz, que el planteo era prematuro porque todavía no había caso, pero lo importante es que no convalidó el atropello institucional, y dejó las puertas abiertas.
Ampliamos denuncia ante la Corte y que se preparaba un «fraude gigantesco», por ejemplo, el Tribunal Electoral de la provincia determinó que solo estarían disponibles las boletas provistas por la Justicia Electoral local, cuyo control está en manos de Casas.
La consulta popular se convocó con apenas un mes de antelación, cuando la ley establece que el llamado debe ser 90 días antes del acto eleccionario, y no se actualizaron los padrones y más de 7000 jóvenes no pudieron participar.
Los fiscales partidarios no pudieron ingresar al cuarto oscuro, ni intervenir en la supervisión de las papeletas y las habituales prácticas oficialistas de clientelismo y dádivas volvieron a aparecer.
Finalmente, la consulta se realizó con una baja participación popular, alrededor del 40% del padrón, el “sí” obtuvo poco más del 22% y el “no” el 18% del total de votantes habilitados, ocho de cada diez riojanos le han dado la espalda a esta enmienda, las reformas constitucionales requieren amplios consensos, a mayor jerarquía de una norma mayores requisitos para su aprobación.
La Constitución dice que toda propuesta que sea sometida a consulta popular obligatoria se tendrá por rechazada, si una mayoría de más del treinta y cinco por ciento de los votos de los electores inscriptos en el Registro Electoral no la aprueba, pero al mejor estilo del dictador venezolano Nicolás Maduro, Casas pretende invertir el sentido del artículo y para él, La reforma es válida salvo que la rechace más del 35% de los electores inscriptos. Cuando en realidad es la enmienda la que necesita una ratificación del 35% y eso no se logró.
La estrategia que Cambiemos denunció oportunamente quedó crudamente expuesta por uno de los “habituales voceros” de Casas, el diputado Lázaro Fuenzalida, quien admitió que el oficialismo impulsó la consulta popular en enero porque habría poca gente para votar y sería más difícil que se impusiera el «No».
Lo grave es que esta maniobra fue hecha con la complicidad del oficialismo y fiscal de Estado de La Rioja, para ellos “es de vivos” violar el orden jurídico.
Aunque no admita la derrota, Casas perdió, y aunque convoque a reformas y elecciones exprés, carece de toda legitimidad, porque quienes dinamitan las instituciones de una república se convierten en dictadores.
Agotaremos la instancia judicial local, aunque sabemos que es un apéndice del gobierno provincial y van a “cajonear” el expediente, a la espera que se adelanten las elecciones y el tema quede en abstracto, vamos a ir al fuero federal e insistiremos ante la Corte Suprema de Justicia, porque cuando se pasa del “uso al abuso” del texto constitucional nos convertimos en tiranía.
(*) Diputado nacional por la UCR-La Rioja.