La estética es importante para muchas personas, es por ello que más de 400 mil mujeres se implantaron prótesis PIP en el mundo. Pero lo que más se remarca son las consecuencias que podrían acarrear los implantes, defectuosos en muchos casos, que pusieron a su creador en prisión en el año 2013. Según la agencia Efe, se estima que una de cada 8 mujeres (unas 50 mil) son venezolanas y las afectadas tienen problemas para tratar allí sus consecuencias.
Berta Gómez es de Venezuela y tiene 40 años, se implantó las prótesis PIP simplemente por estética y seis años después, comenzó a tener problemas de salud, y el dolor se enfocaba en su busto. Se sometió nuevamente a una intervención para retirar el implante, pero debido a la anestesia le produjo problemas respiratorios y no pudieron continuar con el procedimiento. Los médicos llegaron a la conclusión de que el gel de sus implantes se había regado por el organismo, llenando así sus pulmones.
Esto le originó Laberintitis, dificultad respiratoria y piel hipersensible. Los profesionales le diagnosticaron que estas enfermedades se pueden tratar pero no se curará del todo.
La venezolana acudió durante tres años a psiquiatras para “tratar de lidiar con el cambio que le provocaron las consecuencias de las prótesis”, que, por ejemplo, ya no le permitieron usar vestidos, debido a los graves problemas de piel que padece, o conducir, debido a la laberintitis.
A través de las redes sociales, Berta Gómez conoció que en Francia se estaba llevando una demanda contra los fabricantes de las prótesis y decidió enviar su historia a uno de los abogados que llevaba el caso.
“Todas las enfermedades que estamos padeciendo las portadoras son crónicas y estamos sometidas a tratamientos médicos de por vida. Son muy costosos y necesitan un seguimiento regular”, declaró a Efe.
Berta Gómez, que huyó de Venezuela en busca de una mejor calidad de vida y accesibilidad a sus tratamientos, reside ahora en Francia, donde aprovecha para seguir más de cerca la demanda llevada por la asociación PIPA (Implant World Victims Association).
“Recibí unos 3.000 euros, pero no lo sentí como una recompensa porque ese dinero lo utilicé para los honorarios, los medicamentos y en un perito médico que detalló mi caso. Con ese estudio, el tribunal decidirá el monto que me corresponde como víctima”, explicó.
Actualmente, muchas venezolanas se encuentran en la dificultad de poder costear los gastos de cirugía y tener acceso a los tratamientos, y por eso se ha iniciado una cooperación para que las víctimas puedan exponer su caso a distancia y recibir una indemnización.