Por presunta corrupción y deterioro de las instituciones democráticas
El Tesoro informó que sumó a su lista negra de allegados y empresas vinculadas con Ortega a la cooperativa de ahorro y crédito Caruna, así como a la fiscal general, Ana Julia Guido, y al secretario de la Presidencia, Paul Herbert Oquist.
La medida supone el bloqueo de sus bienes y activos bajo jurisdicción de Estados Unidos y la prohibición de toda transacción financiera con individuos y entidades norteamericanas.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, dijo que esto «promueve la rendición de cuentas del régimen del presidente Daniel Ortega y de quienes intentan impulsar sus atroces actividades» y «cierra otra herramienta del régimen».
«Estados Unidos seguirá dando los pasos necesarios para apoyar al pueblo nicaragüense y presionar al régimen de Ortega para que cese la represión, respete los derechos humanos y permita las condiciones para unas elecciones libres y justas que devuelvan la democracia a Nicaragua», señaló en un comunicado citado por la agencia de noticias AFP.
El Gobierno estadounidense advirtió la semana pasada que Ortega enfrentaría una «masiva presión» si no garantiza elecciones libres el año próximo. Mantener la situación actual, aseguró Washington, «no es una opción».
Las medidas, celebradas por la oposición, ocurren un día después de que el Parlamento Europeo aprobara por abrumadora mayoría (con 609 votos sobre un total de 694) una resolución que amenaza con nuevas sanciones a personas y entidades vinculadas al Gobierno nicaraguanse si se aprueban tres proyectos de ley impulsados por Ortega, los cuales consideró «inconstitucionales» y restrictivos de las libertades individuales.
El texto, que menciona también en tono crítico a la influyente vicemandataria, Rosario Murillo, señala que «el Gobierno de Nicaragua continúa mostrando falta de voluntad para iniciar un diálogo nacional para una adecuada reforma electoral y sigue la represión de la sociedad civil y la oposición democrática».
Nicaragua está sumida en una crisis política luego de masivas protestas antigubernamentales en 2018 que derivaron en pedidos de elecciones anticipadas, y cuya represión por parte del Gobierno dejó al menos 328 muertos, según grupos de derechos humanos.
Managua acusó a Washington de fomentar la ola de manifestaciones.