La Cámara Federal porteña apartó hoy al juez federal Sebastián Casanello de la causa que investiga los aportes de Cambiemos en Buenos Aires y ordenó remitir ese expediente al juez electoral de La Plata, Adolfo Ziulu.
Así lo decidió el juez Martín Irurzun, de la Sala II de la Cámara Federal, al hacer lugar a un pedido del fiscal Carlos Stornelli en ese sentido.
Casanello es uno de los jueces que intervino inicialmente en la causa, pero por casos similares hay expedientes en manos de su par de La Plata Ernesto Kreplak y en la jurisdicción de Ziulu.
La investigación apunta a determinar cómo personas que no dieron el consentimiento ni tienen condición económica suficiente figuran como aportantes de la campana electoral de Cambiemos en 2017 en la provincia de Buenos Aires, la que llevó como candidatos principales a Esteban Bullrich y Graciela Ocaña.
El juez electoral Ziulu le había reclamado la competencia del caso tanto a Casanello como a Kreplak, en línea con lo pedido por el secretario general de la Presidencia Pablo Clusellas, en su rol de apoderado del partido PRO.
Casanello lo había rechazado, pero ahora la Cámara Federal lo corrió del caso: «Como se ve, a la fecha y con independencia de su significación jurídica, tanto el Juzgado n° 7 de este fuero y ciudad como los magistrados a cargo de los Juzgados Federales n° 1 y 3 de la ciudad de La Plata se encuentran investigando la eventual existencia de ilícitos en derredor del proceso electoral llevado a cabo en el año 2017 por la Alianza Cambiemos Buenos Aires. La duplicidad de expedientes iniciados para dilucidar los mismos hechos, que involucrarían a las mismas personas de uno y otro lado del conflicto es inconveniente».
En su resolución, Irurzun entendió que la causa debe ser investigada en La Plata porque «la Alianza Cambiemos Buenos Aires se encontraba constituida por doce fuerzas políticas reconocidas como alianza electoral transitoria del distrito provincial para las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires desarrolladas en el año 2017, sede donde a su vez -y por lógica consecuencia- ha sido presentado el Informe de Ingresos y Egresos cuestionado y donde habitan aquellos cuyos aportes han sido puestos en tela de juicio».
«No conmueve lo expuesto la circunstancia de que una parte de las personas incluidas sean beneficiarias de distintos programas de asistencia social, pues la hipótesis en punto a que la información pudo haber sido obtenida de los registros de la Administración Nacional de Seguridad Social, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y/o el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no alcanza, por si misma y por la naturaleza descentralizada de los organismos involucrados, para sostener la competencia excluyente de la sede capitalina», concluyó el camarista.