CLG dialogó con Ariel D'Orazio, del Frente de Inquilinos Nacional, y con Andrés Gariboldi, del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario, quienes mostraron opiniones dispares
En plena crisis económica agudizada por la pandemia, el gobierno nacional tomó la determinación de extender hasta el 31 de marzo el decreto que congela los alquileres y suspende los desalojos, una medida fuertemente solicitada por las asociaciones que nuclean a los inquilinos del país, pero que no cayó bien en el sector inmobiliario. El DNU 320 vencía el próximo 31 de enero y se decidió prorrogarlo por 60 días.
La nueva resolución será publicada en el Boletín Oficial la próxima semana y en ella se establecerá la extensión de los contratos de locación cuyos vencimientos hayan operado desde el 20 de marzo de 2020 en adelante.
En este marco, CLG dialogó con Ariel D’Orazio, integrante del Frente de Inquilinos Nacional, y con Andrés Gariboldi, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario, quienes opinaron sobre la decisión del gobierno nacional. Ambos mostraron consideraciones bastante alejadas sobre la nueva medida.
Conformidad en los inquilinos
En primer lugar, D’Orazio aseguró que desde el Frente de Inquilinos y de la Concejalía Popular están «muy conformes con el anuncio que se ha hecho desde la presidencia en relación a la extensión del DNU». Y agregó: «Es importante que el gobierno haya tomado nota de lo que se venía reclamando y sobre todo da tiempo para que en estos 60 días se trabaje en medidas concretas que saquen del endeudamiento a miles de inquilinos en el país».
El referente local aseguró que utilizarán el nuevo lapso para desarrollar más acciones: «En estos 60 días el compromiso debe ser generar programas como el Alquiler Social o de financiación para el pago de la deuda, y también con el aporte fundamental de la banca pública y del Estado para que los inquilinos no terminen con juicios».
«Hay que trabajar para que en abril nos encontremos con un panorama mucho más alentador del que se presenta hoy en una situación muy compleja desde el punto de vista económico. Celebramos la extensión del DNU y también asumimos el compromiso de seguir trabajando para mejorar la situación actual del sector inquilino», concluyó.
#Alquileres Extensión DNU 320. Ya es Oficial y hasta el 31 de enero. El decreto prorroga los contratos, el congelamiento de Alquileres y suspende los desalojos y judicializaciones.
Aquí la publicación en el Boletín Oficial 👇👇https://t.co/Akk8zIoh22 pic.twitter.com/D2nU26xMMv— Frente de Inquilinos Nacional (@FteInquilinosNa) September 25, 2020
Malestar en las inmobiliarias
Por su parte, Gariboldi rechazó la medida del gobierno: «En el Colegio de Corredores Inmobiliarios la noticia no ha sido bien recibida. La vemos como una noticia con falta de creatividad, de imaginación, falta de buscar resultados duraderos y de largo plazo. Hace diez meses que venimos con este congelamiento y realmente creo que ya habría que haber encontrado la forma de salir».
«Vemos que esto es injusto para aquellos que hoy quieren alquilar porque les están pidiendo precios cada vez mayores, a raíz de que la oferta viene disminuyendo. Este tipo de prórroga tras prórroga genera incertidumbre, por lo que la gente toma la decisión de llevar el inmueble al mercado de venta y sacarlo del mercado locativo», agregó.
Durante el 2020 se pudo apreciar una suerte de «contrato social» entre inquilinos, inmobiliarias y el Estado, generando acuerdos para que se puedan seguir afrontando los alquileres. Al ser consultado sobre si esta extensión del DNU rompe ese contrato, expresó: «No creo que esto lo rompa. Nosotros vamos a seguir trabajando para encontrar puntos de equilibrio, pero vemos que se está haciendo un corrimiento de una balanza toda hacia un lado».
«Hay comercios que fueron considerados esenciales y trabajaron sin ningún tipo de inconvenientes y hoy están en condiciones de adherir al decreto. Te encontrás con un departamento de $100.000 de alquiler en Puerto Norte, y está en condiciones de adherirse», cuestionó.
En ese sentido, Gariboldi señaló: «Nosotros pedimos sentarnos en una mesa de diálogo con el ministro de Hábitat y encontrar alternativas de equilibrio y segmentación. No es lo mismo una familia que tiene un ingreso mínimo que está pagando $15.000 de alquiler por mes que un comercio que estuvo abierto durante toda la pandemia, no se puede tener el mismo tratamiento».
«Hoy tenemos contratos de alquiler que vienen con el mismo valor de marzo de 2019, que se iban a renovar en marzo de 2020 y no lo hicieron por el decreto. Hoy tenés departamentos de un dormitorio que están pagando $7.000», concluyó.